El Gobierno de Zapatero ha abierto un expediente al ex Secretario de Estado de Comunicación Alfredo Termans posibles incompatibilidades con su nuevo cargo de responsable de Telefónica en Estados Unidos, según informa en exclusiva Pedrojota antes de que se publique la resolución en el BOE y que los propios afectados se enteren. Esta sería la prera vez que se aplica la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos aprobada en 1995, a pesar de que han existido numerosos casos, entre otros, ministros de anteriores Administraciones que se han privatizado a los pocos meses de dejar sus cargos públicos. Lo que extraña es que ahora se aplique la Ley con tanto rigor.
El Gobierno de Zapatero ha abierto un expediente al ex secretario de Estado de Comunicación Alfredo Termans posibles incompatibilidades con su nuevo cargo de responsable de Telefónica en Estados Unidos, según informa en exclusiva Pedrojota antes de que se publique la resolución en el BOE y que los propios afectados se enteren. Esta sería la prera vez que se aplica la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos aprobada en 1995, a pesar de que han existido numerosos casos, entre otros de ministros de anteriores Administraciones que se han “privatizado” a los pocos meses de dejar sus cargos públicos. Lo que extraña es que ahora se aplique la Ley con tanto rigor.
Pedrojota ha cumplido su objetivo de dinamitar el fichaje de Alfredo Termans Telefónica como asesor en Estados Unidos. El diario El Mundo ha realizado una abierta campaña de desprestigio (un estilo el que el que este diario se ha hecho tristemente célebre) para que el últo ex Secretario de Estado de Comunicación de José María Aznar no asumiera su nuevo puesto.
Enmarcada en la guerra personal de Pedrojota contra todo lo que tenga que ver con la prera empresa española, El Mundo ha publicado una serie de noticias en que ha advertido de la supuesta incompatibilidad de Termans para asumir cargos privados relacionados con su función en la Administración, antes de dos años de finalizado su servicio al Estado. Una campaña de acoso y derribo que demuestra una vez más que el segundo diario del país está cada vez más cerca de convertirse en un comunicado de prensa de Pedrojota Ramírez.
Lo lamentable sin embargo, es que el Gobierno se haya hecho eco de estas denuncias y haya decidido abrir un expediente contra Termans invocado la Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos aprobada en 1995 y perfeccionada el Código de Buenas Prácticas de Gobierno aprobado el consejo de ministros hace dos semanas. En teoría ningún funcionario público podría trabajar en el sector privado en temas relacionados con su trabajo en el Estado. El límite son dos años después de salir de la Administración.
Al respecto creemos que es conveniente precisar dos situaciones. La prera es que nos parece extraño que el Gobierno aplique prera vez esta normativa cuando en sus cajones se encuentran una serie de denuncias incompatibilidades de la anterior Administración socialista de Felipe González y del Gobierno de José María Aznar. Célebre es el caso de un ex ministro de hacienda socialista, que meses después de dejar su cargo en el Ejecutivo se convirtió en asesor de Recoletos y más tarde de Prisa.
De hecho, la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Pública (MAP) ha detectado 16 casos de incumpliento de la obligación que recoge la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de presentar declaraciones de bienes y actividades tanto en su nombramiento y en cada año de ejercicio como en su cese. Hablamos de casos detectados desde la entrada en vigor de la ley en 1995. En función de esto, lo lógico es que se empiecen a investigar todos estos casos y no centrarse en uno sólo para intentar dar una señal de fortaleza que tiene tintes claros de ser una venganza personal.
El segundo tema es definir puntualmente qué se entiende “incompatibilidades relacionadas con su trabajo en la Administración Pública“. Este apartado no está definido en ninguna ley y se presta a interpretaciones discrecionales de periodistas y de los propios Gobiernos. En el caso de Termans, su cargo de responsable de Comunicación (no telecomunicaciones, que para eso hay otra secretaría) significaba coordinar toda la estrategia de medios y de Comunicación del Gobierno, pero en ningún caso su trabajo estaba relacionado con la marcha de Telefónica. Si puede haber estado involucrado en alguna negociación, es algo que se debería definir en la ley, ya que en este caso, su relación no es tan evidente como trata de presentarla Pedrojota.
Con todo, creemos que el Gobierno debería hacer un catastro real de todas las incompatibilidades con un míno de diez años de antigüedad y regular la materia con seriedad, sin caer en casos persecuciones y castigando a todos igual, sin tar el partido político. Y, como no que esta Ley de Incompatibilidades se aplique en las distintas administraciones del Estado, en las que se pueden detectar cientos de casos, no sólo de políticos que han pasado a desempeñar la presidencia de empresas a las que supuestamente vigilaban, sino de familiares, amigos, hermanos y hermanísos que han servido a la propia Administración desde despachos privados.