El presidente de la Conferencia Episcopal Ricardo Blázquez ha liderado esta negociación, en la que se decidió fin dejar la clase de Religión como lo estipulaba la Logse.
El presidente de la Conferencia Episcopal Ricardo Blázquez ha liderado esta negociación, en la que se decidió fin dejar la clase de Religión como lo estipulaba la Logse, de oferta obligatoria para todos los centros pero de elección voluntaria para los alumnos.
La negociación, que todavía no se ha plasmado en un documento definitivo, está teniendo lugar en la más absoluta discreción, y entre interlocutores diferentes a los que hasta la fecha se encontraban participando en las reuniones, tanto parte del Episcopado como el propio Ejecutivo socialista.
Las riendas de la negociación han sido llevadas la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y Alfredo Pérez Rubalcaba, parte del Ejecutivo; mientras que monseñor Blázquez ha llevado los contactos, asesorado personas de su entorno e informando de los resultados de los mismos al Nuncio de Su Santidad en España, Manuel Monteiro de Castro.
El acuerdo se basa en la obligatoriedad de que la clase de Religión permanezca dentro del sistema educativo con cierta dignidad. Por ello, Gobierno y Episcopado estarían dispuestos a aceptar que dicha asignatura se mantuviera en parámetros semejantes a como estaba en la Logse. Es decir, de oferta obligatoria y elección voluntaria para los alumnos, evaluable aunque no computable como solicitaban los obispos.
En cuanto a la polémica área de «Educación para la Ciudadanía», que permanecerá en el articulado de la normativa, se ha acordado que la misma incluya el estudio de la Historia de las Religiones, cuyos contenidos serían consensuados con las distintas confesiones, aunque la Administración sería la últa responsable de la elaboración del currículo.
Manifestación del 12N
La Conferencia Episcopal considera que sólo deben asistir los obispos a las manifestaciones en situaciones excepcionales. Dado a que en la próxa manifestación del 12 de noviembre habrá numerosas asociaciones educativas, la presencia de obispos no sería prescindible, y además dañaría las negociaciones.
El consenso alcanzado en el Comité Ejecutivo no quiere decir que sus miembros no puedan anar a sus fieles a acudir o se declaren partidarios de las reivindicaciones planteadas los manifestantes, tal y como subrayó la Conferencia a finales de septiembre. Ni, mucho menos, obligar a otros prelados a que no acudan a la cita.
