En el Boletín Oficial del Estado de hoy se publica la nueva Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, con el fin de establece el régen jurídico de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación promovidas o contratadas la Administración General del Estado y las demás entidades integrantes del sector público estatal.
El enunciado de la Ley contiene cuatro objetivos prioritarios. El prero de ellos, garantizar la utilidad pública y erradicar así aquellas campañas que tengan como finalidad ensalzar la labor del Gobierno, en vez de ser una herramienta útil para los ciudadanos.
El segundo objetivo pasa profesionalizar la planificación, ejecución y evaluación de las campañas, para asegurar el máxo aprovechamiento de los recursos públicos.
Fortalecer la transparencia de las campañas, mediante la habilitación de fórmulas que den a conocer todas las actividades de publicidad y de comunicación, es el tercer objetivo de la nueva Ley.
Por últo, quedan prohibidas las campañas destinadas a denostar la actividad de otras Administraciones en el uso legíto de sus competencias.
Entre las principales novedades de esta Ley de Publicidad y Comunicación Institucional (que consta de 15 artículos) está la creación de un Comité de Recursos, dentro de la Comisión de publicidad y comunicación institucional. Este Comité será el encargado de resolver las reclamaciones de los ciudadanos, que tendrán la posibilidad de solicitar la cesación inmediata o la rectificación de aquellas campañas que incurran en alguna de las prohibiciones contenidas en esta Ley.
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