Alrededor de tres mil agentes de policía y guardia civil se movilizaron ayer en el entorno de determinados centros educativos para luchar contra el tráfico y consumo de drogas entre los jóvenes. Las reacciones ante esta medida no se han hecho esperar. Mientras que las asociaciones de padres lo respaldan como mecanismo de vigilancia y seguridad, otras asociaciones como la Unión Democrática de Estudiantes piden a las familias más educación en la prevención, y menos medidas coercitivas.
Alrededor de tres mil agentes de policía y guardia civil se movilizaron ayer en el entorno de determinados centros educativos para luchar contra el tráfico y consumo de drogas entre los jóvenes. Las reacciones ante esta medida no se han hecho esperar. Mientras que las asociaciones de padres lo respaldan como mecanismo de vigilancia y seguridad, otras asociaciones como la Unión Democrática de Estudiantes piden a las familias más educación en la prevención, y menos medidas coercitivas.
Con tan sólo unas horas de vida este Plan Estratégico de Respuesta Policial ya ha suscitado más de un comentario entre los distintos actores y agentes que componen el sistema educativo español.
Un ejemplo son las asociaciones de padres, que han respaldado con algunas puntualizaciones el plan como un mecanismo de vigilancia y seguridad de los adolescentes. Sin embargo, los alumnos lo ven como una actuación represiva que sólo parcheará un problema de fondo que debería solucionarse con más prevención. Mientras, sindicatos y patronales de la enseñanza aplaudieron la adopción de medidas para acabar con el tráfico y consumo de drogas en los alrededores de los colegios.
La presidenta de la Confederación Española de Padres de Alumnos (Ceapa), Lola Abelló, condicionó la efectividad del plan a que la vigilancia se realice con la mayor de las discreciones y a una actuación contundente sobre los pequeños traficantes, al tiempo que emplazó a un trabajo conjunto entre padres, Sanidad y Educación para que los muchachos sepan decir ‘no’.
Por su parte, el vicepresidente prero de la Confederación Nacional Católica de Padres (Concapa), José Manuel Martínez Vega, respaldó la actuación, aunque precisó que ‘echamos en falta mecanismos de coordinación y colaboración de los responsables del plan en cada comunidad autónoma con las asociaciones de padres’.
Mucho más críticas se mostraron las asociaciones estudiantiles. Así, el presidente de la Unión Democrática de Estudiantes (UDE), Álvaro Vermoet, aseguró que ‘el problema de las drogas en el caso de los jóvenes y estudiantes no se soluciona con medidas policiales y coercitivas la fuerza del Estado, sino educativas, que deben provenir de las familias como responsables de su formación’. En silares términos se pronunció la presidenta de la Confederación Nacional de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Ainhoa Zamora, que pidió un programa educativo de prevención en las escuelas que conciencie a los menores de edad de los riesgos que conlleva el consumo de estupefacientes, con formación específica para el profesorado.
El Sindicato de Estudiantes también reclamó medidas sociales de tipo preventivo y consideró que ‘el Gobierno del PSOE, con esta medida, no sólo no va a solucionar un problema que escapa a los centros educativos y que es un problema social, sino que va a crinalizar al conjunto de la juventud y a los estudiantes, convirtiendo a las víctas en verdugos’.
A su vez, la presidenta de la patronal de centros CECE, Isabel Bazo, elogió la plicación de la administración para evitar todos los medios que aparezca la droga en el ambiente escolar, y fue más allá al pedir ‘el mismo empeño para erradicar el botellón y sensibilizar a la sociedad de que no es sólo el tabaco lo que provoca un alto gasto a la Seguridad Social’.
En el plano sindical, UGT consideró también positivas la elaboración de mapas de puntos de riesgo y el nombramiento de coordinadores territoriales y estatales. USO convino que el plan pedirá que muchos jóvenes comiencen a drogarse, pero alertó de que será ‘insuficiente’. CC OO señaló que la eficacia de estas medidas dependerá de la continuidad en el tiempo y de que cuenten con la dotación de personal necesario. FSIE se mostró de acuerdo en que a la puerta de los colegios ‘se controle y vigile a los alumnos’ para evitar que caigan en las drogas y en que se haga de ‘común acuerdo con las familias y los centros’. Y el tavoz de STE’s, Augusto Serrano, rechazó que se plantee a los directores la misión de avisar a la Policía si aprecian algún ‘trapicheo’, que ‘puede acarrearles problemas’.
