LA PAZ (10/03/06) La empresa petrolera de capitales españoles Repsol YPF espera que se aclaren las circunstancias que han rodeado el allanamiento de sus oficinas de la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, horas después de que el Juez Zenon Rodríguez, del Tribunal Déco de Instrucción en lo Penal de esa ciudad, hubiese ordenado la suspensión del proceso presunto delito de contrabando iniciado miembros de la fiscalía de la citada ciudad.
A través de un comunicado, la compañía reitera la inocencia de sus representantes en Bolivia y, en consonancia con el cla de diálogo sincero y constructivo que rodeó la reciente reunión entre el Presidente de ese país, Evo Morales, y el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, espera poder desarrollar sus actividades en un cla de normalidad.
Después del encuentro que sostuvieron el presidente de la petrolera Antonio Brufau y el mandatario boliviano Evo Morales hace sólo unos días, parecía que los roces entre ambos habían quedado subsanados. Pero, según señalan medios de prensa locales, tres fiscales acompañados una veintena de policías irrumpieron en las dependencias de la empresa con la intención de que dos ejecutivos, Julio Gavito y Pedro Sánchez acudiesen a declarar en el caso abierto contra Repsol un supuesto delito de contrabando de petróleo, pero no pudieron trasladarlos que no se encontraban en las dependencias.
Al parecer, todo fue un malentendido, pues la suspensión de la investigación que se había dado a conocer a la opinión pública hizo pensar a Gavito y a Sánchez que ya no tenían que ir a declarar.
La compañía manifestó a las autoridades su deseo de que estos hechos se aclaren cuento antes y su voluntad de seguir trabajando en el país tanto en beneficio de los intereses de la compañía como de la sociedad boliviana.