EL CAC nuevamente está en el ojo del huracán. El vies, el Consejo Audiovisual de Cataluña, desestó un recurso de reposición del Grupo Popular en el que se solicitaba la suspensión de la campaña de publicidad institucional sobre el nuevo Estatuto de Cataluña. Piqué anunció ayer que no entendía la decisión del organismo y anunció que está “ultando acciones ante los tribunales ordinarios” para frenar una campaña que según han dicho, sólo sirve para destacar la gestión del actual Gobierno catalán.
El CAC explicó esta mañana su decisión de dar luz verde a la campaña institucional del Estatut, una decisión cuestionada el PP que ha pedido que se frene la campaña. El recurso de reposición que presentó el diputado del Grupo Parlamentario Popular Santiago Rodríguez ante el CAC, se centraba en la supuesta vulneración de dos de los requisitos que debe cumplir la publicidad institucional regulada la Ley 22/2005. El diputado recordaba que la Ley establece que la publicidad institucional sólo puede tener como objeto la información de servicios públicos mientras que, según su argumentación, el Estatuto de Autonomía no es ningún servicio público sino un texto legal.
Respecto de este punto, el Consejo considera que suministrar la máxa y mejor información para que la ciudadanía forme adecuadamente su criterio en relación con una reforma de tanta tancia como la relativa al Estatuto de Autonomía es un servicio de necesaria prestación parte del poder público. Además, añade el Acuerdo del CAC, la reforma del Estatuto incide en las condiciones de acceso y disfrute, parte de los ciudadanos, de una cantidad considerable de servicios públicos, algunos de gran tancia, como la sanidad o la educación.
El segundo argumento es que Ley pide realizar campañas que tengan finalidad destacar la gestión o los objetivos logrados los poderes públicos. En concreto, el texto presentado destaca la frase siguiente, presente en la campaña: “(…) se abre una nueva etapa en Cataluña, en la que tendremos más recursos y más capacidad de decisión”. Según el diputado, esta frase es una muestra de que la campaña pretende resaltar la presunta bondad de un texto legal.
El Acuerdo del CAC señala que la frase descrita no destaca ninguna actividad de gestión ni ningún objetivo conseguido parte de los poderes públicos. Añade que el único sentido que hay que atribuir a la mencionada frase es el de informar sobre las características de una determinada propuesta sobre la que la ciudadanía podría ser llamada a consulta posteriormente. Añade que difícilmente puede existir alabanza de la gestión llevada a cabo o ninguna proclamación del logro de objetivos cuando durante todo el periodo de emisión de la campaña (desde el 6 de mayo hasta la fecha de publicación del Decreto de convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya) la propuesta de reforma ni será objeto de aprobación ni entrará en vigor.
Frente a esta decisión, el presidente del PP de Cataluña, Josep Piqué, anunció ayer que su partido está “ultando acciones ante los tribunales ordinarios” para denunciar la campaña institucional del Gobierno de la Generalitat para el referéndum del Estatut, al considerarla “escandalosa” e “ilegal”. Piqué aseguró que los populares “agotaremos todas las vías, también las judiciales” para actuar contra una campaña “que nada tiene de institucional” y que está “sesgada hacia el voto afirmativo” en el referéndum.
Dado que las alegaciones ante la Junta Electoral no pueden presentarse hasta que no se abra el proceso oficialmente, tras la convocatoria oficial del referéndum, el líder del PP catalán está “trabajando y estudiando acudir a los tribunales ordinarios”, al margen de los planteamientos que le hagamos también al Consell de l’Audiovisual de Catalunya” (CAC), que “incomprensiblemente ha dado luz verde” a la campaña.
“Nadie puede defender ya la parcialidad de la campaña gubernamental que es posible”, afirmó Piqué, lo que consideró “escandaloso” que “se estén gastando mucho dinero de todos los ciudadanos de Catalunya, de los que piensan que este Estatut es bueno y de los que piensan que no lo es”, en una campaña “propia e ilegal”.
Desde el pasado 3 de enero, fecha en la que entró en vigor la Ley de la comunicación audiovisual de Cataluña, la publicidad institucional que emiten radio y televisión las administraciones públicas debe contar con la autorización previa del CAC, que tiene la función de verificar el cumpliento de las restricciones que establece la Ley. El Consejo autorizó la campaña del Gobierno de la Generalitat, denominada Información previa sobre el nuevo Estatuto de Cataluña y notificó esta autorización el 4 de mayo. Asismo, constató la emisión del prer anuncio el día 6.
