A los populares no les basta con hacer públicas sus quejas sobre lo que consideran una televisión pública convertida en un instrumento manipulador del Gobierno ZP. Tras centrar sus discrepancias con el tratamiento de las noticias en los Servicios Informativos de la cadena, los representantes del PP en el consejo de Administración de RTVE intentaron el pasado jueves frenar el acuerdo alcanzado entre la dirección del grupo público, la SEPI y los sindicatos sobre el ajuste de plantilla en RTVE, a través de una votación en el consejo de Administración del Ente, informó Colpisa.
A los populares no les basta con hacer públicas sus quejas sobre lo que consideran una televisión pública convertida en un instrumento manipulador del Gobierno ZP. Tras centrar sus discrepancias con el tratamiento de las noticias en los Servicios Informativos de la cadena, los representantes del PP en el consejo de Administración de RTVE intentaron el pasado jueves frenar el acuerdo alcanzado entre la dirección del grupo público, la SEPI y los sindicatos sobre el ajuste de plantilla en RTVE, a través de una votación en el consejo de Administración del Ente, informó Colpisa.
Al parecer, los populares, que cuentan con mayoría en este organismo ya que no se ha renovado y su composición responde a la relación de fuerzas en la anterior legislatura, forzaron una votación sobre la reestructuración en RTVE. Los cinco representantes populares se manifestaron en contra del ajuste, mientras que los cuatro vocales del PSOE, el consejero de Coalición Canaria y la propia directora general votaron a favor, con la abstención de CiU.
Según el estatuto de RTVE que derogará la nueva ley aprobada en el Parlamento se necesita una mayoría de dos tercios para decidir sobre las plantillas en el medio, aunque ‘el estatuto ya no está en vigor’ como recuerda el presidente de turno en el consejo, el socialista Miguel Ángel Sacaluga, quien acusó al PP de ‘intentar obstaculizar el proceso de reforma emprendido en el Ente Público y que fue refrendado la mayoría parlamentaria’, afirma.
Sacaluga considera que el actual consejo de Administración ‘no es competente para adoptar ninguna decisión de este calibre’ y que debe ser el futuro consejo, el que salga de la nueva coración como consecuencia de la ley aprobada en el Parlamento, ‘el que entienda de este asunto’. En todo caso, para zanjar el conflicto, Sacaluga ha solicitado un informe de los servicios jurídicos del Estado para que éstos verifiquen si la votación de hoy es válida.