Una de las preras consecuencias del llamado “proceso de paz” es la apertura en el campo de nuevos territorios de indefensión, como si el estado de derecho hubiera retirado sus garantías para dejar que el terrorismo se esponje e instale sus tenderetes en lo que consideran “su espacio vital”. Como en la física de los gases, estos tienden a ocupar todo el espacio a su disposición.
Su retórica ha cambiado. El que no contribuye ya no es un enemigo de la patria vasca, sino uno que no quiere favorecer el proceso de pacificación. Si no tuviéramos memoria podríamos pensar que se trata de cartas de alguna congregación misionera, o de la asociación para la construcción de una escuela pública en el barrio de al lado. No. Es el chantaje terrorista adaptado a estos nuevos tiempos. La nueva remesa de cartas de la campaña de extorsión cuenta con la complicidad de algunas instancias del estado. Es cierto que de no ser así hubiera sido posible exigir contribuciones sin una respuesta contundente de las fuerzas de seguridad.
El delegado del gobierno en Navarra niega los hechos y al eludir la evidencia abandona en la tierra de nadie a los empresarios navarros que a través de su presidente José Manuel Ayesa, denuncian que el cartero ha vuelto a llamar. Nadie les da garantías de protección, ni seguridad en su actitud. ¡Quiá! Para el gobierno no existen, ni ellos ni sus cartas. Los vascos callan. Parece como si las cartas llegaran solo a la Navarra foral. Eta quiere hacer caja con el proceso, sea este el que sea. Es un intento de pasar del terrorismo al subsidio, con la amenaza de que si no hay suficiente pasta vuelven a las pistolas, más que nada que es la única forma de que les tomen en serio. Un día le ofrecerán a Zapatero la boina, o el pasamontañas de Chapote. Y hasta puede que les de una alegría.
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