El proyecto de ley que pulsa Izquierda Unida en el Congreso para la creación del Estatuto del Periodista tiene en la Federación de Asociaciones de Prensa de España (FAPE) un o de sus principales detractores. Su presidente, Fernando González Urbaneja, ha criticado en varias ocasiones sus principales puntos. Te mostramos las principales discrepancias del ‘otro estatuto’ que se encuentra estancado en el Congreso. El cuerpo normativo debería terminar entrar en vigor en 2007, según sus pulsores.
El proyecto de ley que pulsa Izquierda Unida en el Congreso para la creación del Estatuto del periodista tiene en la Federación de Asociaciones de Prensa de España (FAPE) un o de sus principales detractores. Su presidente, Fernando González Urbaneja, ha criticado en varias ocasiones sus principales puntos. Te mostramos las principales discrepancias del ‘otro estatuto’ que se encuentra estancado en el Congreso. El cuerpo normativo debería terminar entrar en vigor en 2007, según sus pulsores.
En un documento difundido la APM y la FAPE citado también el confidencialdigital.com, se detallan las discrepancias. Respecto del artículo 1, se señala que no avanza un paso en la definición del periodista, lo que resulta irrelevante e inútil. Del mismo modo, pasa alto la titulación, y atribuye la acreditación a la nómina y a la precisa definición de ‘ocupación principal y remunerada’.
Respecto del artículo 2 que se refiere al carné profesional otorgado un Consejo Estatal de la Información, indican que este Consejo constituye el eje del proyecto de ley y, para la FAPE una anomalía en el mundo democrático que tendrá el rechazo de la mayoría de las organizaciones de periodistas, especialmente las más comprometidas con la defensa de la libertad de expresión que el proyecto pretende proteger y desarrollar. Para la FAPE, los conceptos de periodista “a la pieza” y “ libre” de los artículos 3 y 4 son precisos, raros y quizá inútiles. Tienen interés desde el punto de vista de las condiciones laborales, pero esa es otra materia. ‘Y la referencia a los colaboradores del artículo 6 es contradictoria, se les atribuye unos derechos que luego se les niegan’.
Continúan señalando que las incompatibilidades recogidas en el artículo 8 son tan insuficientes como anticuadas. La doctrina moderna en la materia es mucho más avanzada y precisa. Con respecto a funcionarios públicos de carrera la incompatibilidad no debe venir del hipotético ejercicio del periodismo, sino de sus propias responsabilidades como servidores públicos y de su estatuto como tales. Y llama la atención que no haya una referencia más precisa y completa a los conflictos de intereses, que deben ser el núcleo central de cualquier incompatibilidad en la profesión.
Para la entidad, la referencia a un Código Deontológico en el artículo 9 es arbitraria y el régen de sanciones del artículo 10 inadecuado e insólito. El capítulo III, (artículos 11 a 20, inclusive) les parece lo más interesante del proyecto, aunque es redundante con leyes positivas en vigor, empezando la propia Constitución. ‘Pero nos preocupan las excepciones que incora el artículo 15 al secreto profesional que, de hecho, restringe ese derecho y puede llegar a desnaturalizarlo. En esta materia compartos con los colegios de abogados la convicción de que mejor no tocar lo que hay, que cualquier modificación puede suponer retroceso para empeorar’.
Respecto al contenido del artículo 16 la FAPE cree que debería ser materia de una ley específica acerca del deber de informar de las administraciones públicas, y de una mayor exigencia en cuanto a transparencia informativa, que es propia de democracias avanzadas y modernas. Una iniciativa que sugieren a los grupos parlamentarios y a los partidos que les sustentan, pero que no procede en una norma sobre el ejercicio del periodismo sino más bien desde la buena práctica política.
El artículo 17 se mete en un jardín acerca de la gratuidad o el pago de la entrada en actos de interés público. No viene al caso en una ley de este te. El artículo 18 es redundante, hay jurisprudencia clara al efecto. Comparten los criterios de los artículos 19 y 20 en materia de derechos de autor, que afectan y modifican otras leyes en vigor y, en parte, sometidas ahora a debate en la cámara.
También comparten el criterio sobre la conveniencia de consejos de redacción en los medios informativos, como órganos colegiados de expresión de la opinión del conjunto de la redacción, pero no creemos adecuada una regulación tan prolija e intervensionista de los mismos, que resucita procedientos de otras épocas, que fueron ineficaces y contraproducentes. Lamentan que no aparezca la figura del defensor del ciudadano (lector u oyente) con estatuto independiente, que nos parece muy recomendable para una mayor garantía de derechos.
También han recordado que la Asamblea General de la FAPE acordó el mayo del pasado año defender un Estatuto del Periodista que refuerce las exigencias de profesionalidad, que fije la titulación como requisito esencial, que establezca deberes y derechos y que promueva mecanismos de autorregulación. El Estatuto del Periodista, documento pulsado la Federación del Sindicato de Periodistas – FeSP – y que desde hace año y medio está en manos de una comisión parlamentaria, entrará en vigor a finales de año. Sus pulsores prevén que en pravera, una vez pasado el vendaval de las reformas Autonómicas, el Congreso pueda aprobar el proyecto de Ley.
Este precepto, elaborado el Foro de Organizaciones Periodísticas aterrizó en el Congreso de los Diputados el pasado cinco de octubre del 2005. Según a explicado a PRNoticias Enric Bastardas, presidente del FeSP, el proceso de tramitación se sirve ‘de una vía lenta en su desarrollo; aún así, esperamos que pueda estar listo a finales de año, como muy tarde’.
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