LA PAZ (01/09/06) La credibilidad y la seriedad son algunos de los más preciados activos de un Gobierno, pero no siempre se da la anhelada coherencia entre las acciones y los mensajes políticos. En el proceso de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, iniciado el presidente Evo Morales, varios representantes del Ejecutivo han negado el supuesto ‘acoso’ a las petroleras que operan en el país. Pero en los hechos se les exige pagos millonarios y persecuciones judiciales. ¿Es creíble el gobierno de Morales?
LA PAZ (01/09/06) La credibilidad y la seriedad son algunos de los más preciados activos de un Gobierno, pero no siempre se da la anhelada coherencia entre las acciones y los mensajes políticos. En el proceso de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, iniciado el presidente Evo Morales, varios representantes del Ejecutivo han negado el supuesto “acoso” a las petroleras que operan en el país. Pero en los hechos se les exige pagos millonarios y persecuciones judiciales. ¿Es creíble el gobierno de Morales?
Han sido varios los episodios en que se han alternado las palabras amables y cooperativas del Ejecutivo boliviano con acciones que apuntan en una dirección diametralmente opuesta. Hace sólo unos días, en una entrevista a la agencia EFE, el ministro Defensa de Bolivia, Walker San Miguel manifestó su deseo de que la Repsol YPF sea una de las preras en lograr el acuerdo de nacionalización. “Quiero despejar cualquier duda de que hubiera un acoso del gobierno”, afirmó rotundamente.
Las declaraciones de buenas intenciones en este proceso parecen esfumarse cuando, en el caso de la petrolera hispanoargentina, sus oficinas son allanadas. Eso fue lo ocurrido el pasado vies 25, cuando fiscales, policías y periodistas irrumpieron en las oficinas de la compañía para recabar unos documentos que asegura que ya había hecho llegar a la fiscalía de Santa Cruz, pese al escaso plazo dado las autoridades.
La investigación se centra en una supuesta irregularidad en un contrato de regulación de precios firmado Petrobrás y Repsol, denunciado un director de Andina (su filial) designado la petrolera estatal YPFB y secundada el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada. San Miguel se excusó las dificultades del proceso: “Bolivia está atravesando un proceso de cambio en la legislación sobre hidrocarburos, y ese cambio no está lejos de tener problemas administrativos y técnicos”.
Pero las señales siguen siendo poco favorables. A día de hoy Repsol, Petrobras y Total han tenido que enfrentar el pago de un nuevo tributo; de lo contrario, el Gobierno de Morales les advirtió tajantemente: deberán marcharse del país.
Hoy vence el plazo para que, en conjunto, abonen un total de 32,3 millones, suma que representa el 32% del valor de la producción de los campos de gas San Alberto y San Antonio, y principalmente corresponde a extaciones a Brasil en mayo, prer mes de la nacionalización. En un estrecho calendario difundido Hidrocarburos hace sólo una semana, se establece que la cuota de junio vencerá el 11 de septiembre, la de julio el 18 de septiembre, la de agosto el 25 de septiembre y la de septiembre el 2 de octubre.
Los mercados, siempre sensibles a la incertidumbre y a los flujos informativos, podrían jugarle una mala pasada a los proyectos de Evo Morales. De momento, Repsol YPF ya anunció que si, pese a su actitud de colaboración con las autoridades bolivianas, persisten estas “reiteradas e injustificadas actuaciones”, la compañía emprenderá “acciones legales ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales, en la defensa de sus derechos y los de sus empleados”. He ahí una prueba la tancia de la credibilidad y de la coherencia en la comunicación política de un Gobierno.
Seguiremos informando…