Manuel Ángel Vázquez se muestra firme al justificar la existencia de los consejos audiovisuales, no sólo que los haya en el resto de Europa, sino la urgencia de procionar a la ciudadanía garantías y un nivel de excelencia en estos medios de comunicación. El presidente de este organismo en Andalucía cree en la independencia como una premisa fundamental para estas instituciones que, asegura, deben someterse a ciertos controles, aunque reconoce que hay que armonizar la gestión de los distintos consejos con el nivel estatal.
Para poner en marcha un proyecto de esta índole se requiere de independencia. ¿cómo ve lo que sucedió en Madrid, donde se cerró el que había?
Había un consejo audiovisual que tenía ese nombre pero no era independiente. Los requisitos de un consejo audiovisual están muy bien establecidos la Unión Europea. La EPRA, la Plataforma Europea de Autoridades de Regulación, dice: un consejo audiovisual puede estar en la EPRA cuando, ejemplo, ha sido elegido un Parlamento y no ha sido elegido a dedo el Gobierno de turno; cuando ejerce con absoluta independencia y autonomía, sin presiones políticas ni económicas, su propia responsabilidad; cuando tiene cierto grado de autonomía operativa, orgánica y funcional. No cuando lo ponen, sino cuando tiene los instrumentos de trabajo. Entonces, el debate que aquí hemos tenido hace poco ha sido un falso debate. Es como si dijéramos ahora en Europa que no es bueno tener un Parlamento. No es que sea bueno o no bueno, es que si usted quiere un régen democrático tiene que tener un Parlamento.
¿Es necesaria su existencia?
En Europa nadie duda que tengan que existir los consejos audiovisuales. No sólo ya en la Unión Europea, todos los países tienen ya un consejo estatal, cada uno con fórmulas distintas, sino lo que podríamos llamar la gran Europa, desde Portugal a Ucrania, todos los países tienen sus consejos audiovisuales. En España hay sus razones para que no haya sido así y, quizás, el hecho de que hemos venido de una dictadura, que a veces es bueno recordar, ha habido siempre mucho recelo a cualquier forma de control, de seguiento o de coartación de libertad. Pero es que un consejo audiovisual no está para eso. La premisa fundamental de un consejo audiovisual es ser una autoridad independiente. Está constituida personas que han consensuado desde un Parlamento, que es la representación más legíta de una colectividad, después de haber consultado a los profesionales, a las asociaciones de prensa. Creo que ese es el punto de partida. Si eso está ahí, y el consejo cuenta con instrumentos, infraestructura, equipamiento y personal correspondiente para hacer sus muchas tareas, podría funcionar bien.
‘En Andalucía, viendo la que teníamos enca y la confrontación que teníamos de los partidos, todo el mundo decía tú verás la que se va a liar. Tenemos una obligación superior que es atender las necesidades de la ciudadanía, procurar mejorar el sistema de medios audiovisuales’
Uno de los puntos negros que se achaca al Consejo Audiovisual de Cataluña es sus excesivas atribuciones, ¿cómo se delita eso? ¿Debe haber un ente coordinador?
El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales no está enca de los consejos autonómicos, será otra cosa. Para que quede claro, ejemplo, la competencia sobre los contenidos que emita Canal Sur en Andalucía la tendrá siempre el Consejo Audiovisual de Andalucía y no el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que la tendrá sobre La Prera, la 2, Telecinco o Antena3.
Pero alguien debería velar las buenas prácticas…
Se va a armonizar. En la propia Ley de creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales se habla de una coordinación con los consejos autonómicos. Y lo que tú preguntas está ya respondido. Los consejos audiovisuales funcionan en virtud de una ley. En el caso de Andalucía es un ley de 2004 aprobada en el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra de ningún partido. Segundo, los consejos audiovisuales son instituciones muy peculiares, en las que formamos parte de ellas, al menos en Andalucía y en Cataluña, en Navarra no, somos absolutamente incompatibles en cualquier cosa para evitar tener conflicto de intereses con ninguna historia. Yo he tenido que dejar de colaborar con todos los medios audiovisuales. He tenido que dejar colaborar con la radio y con la televisión para que se vea que yo jamás voy a estar condicionado en mis decisiones que tenga más intereses con tal grupo o con tal otro. Respondemos a una ley y, además, hay una cosa muy interesante: los consejos audiovisuales emitos un informe anual al Parlamento, es decir, somos instituciones transparentes, controlables en nuestro funcionamiento económico y jurídico. Una parte tantísa es el área jurídica. En el caso de Andalucía, que es el que más miembros tiene, somos once. Cinco mujeres y cinco hombres más el presidente.
¿Qué rol desempeña la ciudadanía en todo esto?
Estamos sujetos a todo tipo de controles, pero sobre todo al control de la ciudadanía, que es la que tiene que ver si lo que dice un consejo audiovisual es algo razonable o no lo es. Y la propia validez de un consejo audiovisual está en que se sepa ganar el prestigio social y el respeto de la sociedad. En Andalucía, viendo la que teníamos enca y la confrontación que teníamos de los partidos, todo el mundo decía tú verás la que se va a liar. Tenemos una obligación superior que es atender las necesidades de la ciudadanía, procurar mejorar el sistema de medios audiovisuales, a veces con recomendaciones y con estudios, a veces iniciando un procediento sancionador. Porque como autoridad administrativa tenemos esa obligación. Otra cosa es si se hace mal. Un consejo audiovisual, como un Parlamento, como un Ejecutivo o como cualquier hijo de vecino se puede equivocar y, afortunadamente, hay mecanismos correctivos. Si un consejo audiovisual se sale del plato hay mecanismos superiores y están los tribunales de justicia para corregir. Pero yo creo que en su día se trasladó mal todo eso.
La otra cara pueden ser los organismos privados. ¿Crees que va a existir un respaldo de este sector a estas instituciones?
No sólo lo espero, sino que yo, en algún caso, he hecho ya una operación de mediación de alguna televisión privada de ámbito estatal, llamándoles teléfono y diciéndoles que, no con la ley en la mano y sin la obligación de hacerme caso, pero esto se ha planteado y os rogaríamos desde el Consejo Audiovisual de Andalucía que no lo hicierais. Y hay varios ejemplos que parecen razonables. Teníamos la información de que un canal estatal de televisión privada quería en Andalucía, en contacto con una asociación de mujeres maltratadas, ponerle una cámara a una mujer y grabar una paliza. Entonces, yo espero que si lo que decos es razonable pues que estemos codo a codo trabajando lo mismo.
