Los alcances de la Operación Malaya parecen no tener límites. De momento, la Junta de Andalucía ha decidido personarse como administración pública perjudicada en la causa judicial del caso, ya que se siente afectada uno de los casos de corrupción más pactantes. El Consejo de Gobierno autorizó al Gabinete Jurídico de la Junta para que inicie las acciones pertinentes.
Los alcances de la Operación Malaya parecen no tener límites. De momento, la Junta de Andalucía ha decidido personarse como administración pública perjudicada en la causa judicial del caso, ya que se siente afectada uno de los casos de corrupción más pactantes. El Consejo de Gobierno autorizó al Gabinete Jurídico de la Junta para que inicie las acciones pertinentes.
La decisión de la Junta se basa en los eventuales perjuicios sobre las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda que se deducen de los hechos que aborda el sumario, parte del cual se ha hecho público hace algunos días.
Por ello, la estrategia judicial del Gobierno autonómico apunta a salvaguardar la administración andaluza, desarrollando políticas e inversiones en defensa del interés general.
La iniciativa cumple también con una resolución del Parlamento de Andalucía, que fue aprobado el pasado mes de abril.
