El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la querella de Pedro J.Ramírez, contra el diputado de ERC Joan Puig ha citado al parlamentario para que declare en calidad de putado.
El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la querella del director de El Mundo, Pedro J.Ramírez, contra el diputado de ERC Joan Puig ha citado al parlamentario para que declare en calidad de putado el próxo 6 de noviembre.
El pasado 30 de junio el TS admitió a trámite en un auto la querella que presentó en agosto de 2005 Pedro J.Ramírez contra Joan Puig los presuntos delitos de coacciones o de usurpación.
En dicho auto la Sala de lo Penal declaraba su competencia para la instrucción de la causa únicamente contra el aforado, mientras que las acusaciones contra otras personas no aforadas que también figuran en la querella seguirán siendo investigadas el juzgado número 4 de Manacor. ‘Los hechos expuestos en la querella revisten, en principio y sin perjuicio de la investigación que se realice, caracteres de hecho delictivo’, señala el auto.
Agrega que este hecho delictivo es ‘subsumible en el delito de coacciones o en el de usurpación, dado el juicio de verosilitud de la putación de la conducta delictiva y la individualización de la presunta plicación contenida en la querella y en la documentación que se acompaña, así como se desprende de la exposición razonada remitida el juzgado de Manacor’.
El 13 de agosto de 2005 un grupo de personas, entre las que se encontraban Puig y el presidente de ERC en las islas Baleares, Joan Lladó, irrumpieron en la zona de la piscina y mantuvieron un enfrentamiento con los escoltas de Ramírez.
Por ello, el 19 de agosto el director de El Mundo presentó una querella contra Puig y otras nueve personas allanamiento de morada, coacciones, manifestación ilegal, lesiones y amenazas y contra el delegado del Gobierno de Islles Balears, Ramón Socias, un presunto delito de denegación de auxilio.
La piscina de la finca, ubicada en Costa de los Pinos, en el municipio mallorquín de Son Servera, está declarada de uso público desde 2001 encontrarse en una zona de dominio público marítoterrestre. Ese uso público, sin embargo, está suspendido temalmente desde mayo del año pasado, fecha en la que el Ministerio de Medio Ambiente dio a Ramírez un plazo de tres meses para que presentara un plan de medidas que garantice la seguridad de quienes accedan a la piscina.
EFE
