Los asuntos de corrupción urbanística han estado presentes en la prensa nacional durante todo el fin de semana. El Economista, El País y La Vanguardia se han hecho eco en sus páginas de los casos de corrupción urbanística que asolan en estos momentos el territorio español. El caso Marbella lo cambió todo. Su efecto boomerang ha permitido destapar a otros municipios que también han especulado con el negocio del ladrillo como es el caso de Seseña.
Los asuntos de corrupción urbanística han estado presentes en la prensa nacional durante todo el fin de semana. El Economista, El País y La Vanguardia se han hecho eco en sus páginas de los casos de corrupción urbanística que asolan en estos momentos el territorio español. El caso Marbella lo cambió todo. Su efecto boomerang ha permitido destapar a otros municipios que también han especulado con el negocio del ladrillo como es el caso de Seseña.
En PRNoticias hemos estado siguiendo desde septiembre del año pasado la especulación urbanística que sufre el municipio toledano de Seseña. Allí, Francisco Hernando Contreras, ‘El Pocero’ levanta una macrourbanización de 13.508 viviendas y la que se embolsaría 250.000 millones de pesetas. A continuación reproducos su interés los fragmentos de editoriales y suplementos sobre corrupción urbanística aparecidos durante este fin de semana que hacen alusión al caso de Seseña.
El País, suplemento (domingo 29 de octubre)
El gran escándalo
Los años de la explosión urbanística han hecho proliferar promotores que se convierten en multillonarios con tentáculos en otros negocios. Como Francisco Hernando, Paco el Pocero, que levanta una megaurbanización de 13.000 viviendas en un secarral de Seseña, en Toledo. Sólo 14 días antes de la recalificación compró el 44% del suelo. Hernando nació en un barrio humilde y apenas aprendió a leer y escribir, según su autobiografía. Ahora comanda un yate que recuerda al Titanic, Hernando ha dado el salto a gestionar aviones privados.
El País, editorial (domingo 29 de octubre)
Urbanismo y política
La REITERADA aparición de graves episodios de corrupción urbanística debería despertar cualquier sentiento excepto el de sorpresa, toda vez que hace más de una década se ha ido instalando en España una situación en la que coexisten un acuciante problema de acceso a la vivienda y una desenfrenada construcción de nuevas residencias. A medida que se multiplicaban los alojamientos vacíos, crecía el número de ciudadanos con dificultades para disponer de techo propio y, además, se disparaban los precios, como si las leyes de la oferta y la demanda hubieran sido derogadas. Lejos de identificar ese anómalo comtamiento con rigor y ponerle remedio, se ha visto, en cambio, como una manifestación del vigor de nuestra economía.
En el origen de este urbanismo que ha venido sirviendo de refugio a la corrupción se encuentra la declaración de la totalidad del suelo como potencialmente urbanizable, una medida adoptada Rodrigo Rato bajo el influjo de unos prejuicios ideológicos, extendidos en la derecha y en la izquierda, que confunden desregulación con liberalización. La pretensión de incidir esta vía en los precios de la vivienda se ha revelado ilusoria. Las vastísas extensiones de terreno a disposición de los ayuntamientos han convertido a éstos en prensa preferente de la especulación, puesto que, ateniéndose a la normativa vigente, nada pide que las plusvalías generadas la recalificación de las fincas rústicas acabe indirectamente en manos privadas. Si trazar una sple línea sobre un mapa catastral, ateniéndose a las estrictas competencias municipales. Es capaz de crear súbitas e ingentes fortunas, ¿cómo aginar que los ayuntamientos podían hacer frente a la presión de los especuladores?
La degradación del sector urbanístico no hubiera sido posible, con todo, de no haber concurrido otros factores. La insuficiencia presupuestaria de los municipios ha abierto el camino a la práctica de financiarse a través de las recalificaciones, en muchos casos con la intención de acometer proyectos o mejorar servicios necesarios. Pero se trata de una práctica de alto riesgo, puesto que se ha encontrado también en ella un mecanismo para paliar otras deficiencias, como la que afecta a la financiación de los partidos. En torno a los ayuntamientos se ha ido tejiendo, así una espesa red de intereses fuera de control, en la que han encontrado cabida desde necesidades mal resueltas del sistema institucional hasta ambiciones personales de cargos públicos, promotores y constructores sin escrúpulos. La espiral ha alcanzado tales prociones que el sector de la construcción, asentado en buena medida sobre estas bases, se ha convertido en el motor de la economía.
Falta menos de un año para las elecciones municipales y, hasta el momento, los partidos sólo han dado muestras de estar preocupados cómo la corrupción urbanística puede afectar a sus expectativas. De ahí que el debate se reduzca a contabilizar los casos que afectan a unos y a otros, además de rivalizar en el trato que dispensan a sus respectivos militantes incursos en escándalos y denunciar. Por de contado, la justicia tiene que actuar, y, para eso, requiere medios de los que hoy hoy carece, según ha puesto de manifiesto la fiscalía. Pero más allá de la respuesta judicial, es necesaria una repuesta política. La gravísa situación del urbanismo afecta a elementos tan dispares y esenciales como la destrucción del medio ambiente o la estabilidad del sistema financiero, atrapado un endeudamiento familiar destinado a sufragar no sólo el valor de la vivienda, sino la espesa red de oscuros intereses tejida en torno a ella. Si las elecciones municipales acabaran planteándose como una como una competición sobre la moralidad de los partidos y sus militantes, se habría obviado lo fundamental: saber qué se propone para corregir una situación urbanística cuya sombra es cada vez más alarmante.
La Vanguardia, editorial (domingo 29 de octubre)
El Pocero
Atiende Francisco Hernando Contreras, alias Paco el Pocero. Su nombre es asociado a tramas urbanísticas de densiones ciclópeas. Ni Arniches ni los hermanos Quintero hubieran aginado un sainete biográfico como el que luce este madrileño de 61 años, que jura haber vendido trapos en Vallecas durante su tierna infancia, robado lechugas para comer y construido alcantarillas para empezar a hacer negocio. Ahora, cuentan las crónicas, unta caviar iraní sobre rebanadas de pan de molde, amén de haber encargado a un astillero italiano del grupo Ferretti la construcción de un yate de 72 metros de eslora, presupuestado en unos 60 millones de euros, al que llenar sus tanques de combustible –unos 250.000 litros requiere una tímida inversión de 40 millones de pesetas, sin hipotecas. El suplemento Revista aborda hoy con amplitud el boom del constructor de este país, que tiene la particularidad de gangrenar al conjunto de la sociedad, como apunta el filósofo Xavier Antich. Hace décadas, Julio Caro Baroja ya tenía claro que un denostado miembro del Tribunal del Santo Oficio era un santo varón medieval al lado de algún que otro promotor inmobiliario del presente. El gran antropólogo vasco era contundente: ‘¿Es mejor una contratista de grandes obras, o un arquitecto de casas baratas, o un capitalista con dinero en Suiza, que un inquisidor que se paseara tranquilamente con otros letrados los alrededores de una ciudad antigua y de vez en cuando mandara pegar cien azotes a una bruja? Desde luego que no’.
Alfredo Abián, Director adjunto
La Vanguardia, suplemento La revista (domingo 29 de octubre)
La irresistible atracción económica de Madrid
El centro peninsular, convertido en lugar de paso casi obligado albergar la capital del Estado, se encuentra inmerso desde hace años en el llamado pelotazo urbanístico, siguiendo los pasos de la periferia costera. Madrid, su poder de atracción económica y su estratégica situación geográfica, y las dos Castillas, sus vastas extensiones de terrenos sin ocupar.
Pese a que estas prácticas sospechosas de corrupción no son nuevas, es cierto que ahora han adquirido unas densiones que invitan a pensar que son más frecuentes de las que salen a la luz. A esto ha contribuido, ejemplo, el caso de Francisco Hernando, más conocido como Paco, el Pocero. Este hombre, galardonado hace sólo unos años con la Medalla al Trabajo, y ejemplo de empresario hecho así mismo, ha levantado una verdadera ciudad de 13.500 viviendas (casi 60.000 personas) en mitad de un páramo en el municipio toledano de Seseña, lítrofe con la provincia de Madrid. En esta ocasión fue un político, el alcalde Manuel Fuentes, de Izquierda Unida, quien denunció una serie de irregularidades que habían hecho posible la edificación de esa nueva ciudad sin disponer siquiera del suministro de agua necesario para su manteniento. Y todo ello, con el beneplácito del Gobierno socialista de CastillaLa Mancha. La Fiscalía Anticorrupción intenta desentrañar el complejo entramado que hay detrás de la que hoy hoy es la mayor –y más oscura operación urbanística de España.
El Economista (sábado 28 de octubre)
Manos Lpias denuncia ante Anticorrupción a ‘El Pocero’ y Bono
El Sindicato de funcionarios públicos ‘Manos Lpias’ ha presentado una nueva denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra el promotorconstructor Francisco Hernando Contreras (El Pocero) y el ex presidente de Castilla La Mancha, José Bono. Además en la denuncia también incluyen al ex consejero de Obras Públicas de Castilla La Mancha, Alejandro Gil y contra el ex alcalde del Ayuntamiento de Seseña, José Luis Martín los presuntos delitos de ‘prevaricación’, tráfico de influencias’, ‘cohecho’, ‘negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades’ y un ‘presunto delito contra la ordenación del terriotrio’.
La denuncia, de la que se hace eco PRNoticias, se refiere a la aprobación del PAU de El Quiñón y a las supuestas irregularidades así como a los hechos que determinan la amistad de Bono con Hernando, como es el caso de los dos barcos de ‘El Pocero’ anclados en el Club de mar de Palma y que ‘han sido testigos presenciales de José Bono’, la ‘grabación que demuestra que las máquinas de ONDE 2000 trabajaron en la hípica Almenara, entre otras.
