El Gobierno de la Comunidad de Madrid enviará al Consejo Económico y Social una modificación de la Ley del Suelo de la región para aumentar la transparencia en el terreno urbanístico y evitar posibles situaciones de corrupción. Una propuesta que ha incluido en la Ley de Presupuestos para 2007 la que pedirá a los ayuntamientos ejecutar los convenios urbanísticos hasta que la Comunidad no apruebe los planteamientos.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid enviará al Consejo Económico y Social una modificación de la Ley del Suelo de la región para aumentar la transparencia en el terreno urbanístico y evitar posibles situaciones de corrupción. Una propuesta que ha incluido en la Ley de presupuestos para 2007 la que pedirá a los ayuntamientos ejecutar los convenios urbanísticos hasta que la Comunidad no apruebe los planteamientos.
Con esta actuación el Gobierno regional busca pedir situaciones de presión o de conflicto entre las administraciones locales y los propietarios del suelo. Actualmente, es frecuente que los ayuntamientos inicien las modificaciones de sus desarrollos urbanísticos suscritos a convenios con los dueños de los terrenos en los que les garantizan una edificabilidad determinada a cambio de un aumento de las cesiones establecidas legalmente. Además, en contraprestación los propietarios se comprometen a ejecutar el convenio urbanístico bien mediante el pago anticipado o bien a través de actuaciones en la localidad como la construcción de equipamientos, antes de que el plan haya sido informado a la propia Comunidad.
Una iniciativa pionera en la normativa urbanística española con la que se pretende avanzar en un ‘urbanismo transparente’ según informó el vicepresidente prero, Ignacio González.
De esta manera el Gobierno de Esperanza Aguirre busca luchar contra los presuntos delitos de corrupción urbanística que está saliendo a la luz en los últos meses. El caso más cercano es el de Ciempozuelos, el que su ex alcalde, el socialista Pedro Torrejón, así como su antecesor, Joaquín Tejeiro, están en prisión preventiva acusados del presunto cobro de unas comisiones que ascienden a los 40 millones de euros.
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