El Tribunal Supremo ha decidido instar al Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas a que declare si es contraria a los Tratados y Directivas comunitarios la ley española que obliga a las televisiones privadas a invertir obligatoriamente en cine el 5% de sus ingresos brutos anuales. Este es un nuevo episodio de la polémica que enfrenta a las televisiones privadas con el Ministerio de Cultura, la inversión de las teles en productos cinematográficos. De momento, las conversaciones se encuentran estancadas
‘No queda claro, dice el Supremo, si el artículo 3 de la Directiva permite a los Estados miembros que pongan a los operadores de televisión la obligación de destinar un centaje de sus ingresos de explotación para la financiación anticipada de películas cinematográficas y para televisión ‘europeas’, cuando la Directiva, que trata de suprir los obstáculos derivados de las diferentes legislaciones en materia de ayudas o fomento a las obras europeas, no incluye previsión alguna al respecto’.
En concreto, el TS dice que lo que justifica el obligado planteamiento de la cuestión ‘es el mero contraste de los preceptos de la Directiva 89/552/CE con la norma nacional objeto de pugnación’. En sus consideraciones, fruto del recurso instado UTECA, la Sección Tercera de la Sala de lo contenciosoadministrativo del alto tribunal español plantea al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 del Tratado CE, tres cuestiones prejudiciales que pueden determinar la nulidad de la Ley ser contraria al Derecho comunitario.
El Auto del Supremo, de fecha 18 de abril de 2007 y notificado hoy a las partes, apoya la tesis mantenida UTECA desde 1999, año en el que ley se puso a las televisiones privadas esa obligación. Por ello, cualquier otra ley, llámese del Cine o del Audiovisual, que obligue a lo mismo, incurriría en idénticos defectos.
En un comunicado de prensa UTECA ha reiterado su voluntad de seguir apoyando a la industria cinematográfica española desde criterios empresariales, sin posiciones de ningún tipo y en plano de igualdad con todas las partes. Además, apoyará cualquier aumento de ayudas públicas que se establezcan para el cine español, en la parte de cultura que indudablemente tiene.
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