Tanto el marco legal vigente como el proyecto de ley de contratos públicos sobreviven casi ajenos a la realidad cotidiana de las necesidades de productos, servicios y obras parte de la Administración, según han manifestado analistas del máxo nivel en el VII Congreso de Gestión Sanitaria, organizado Instituto de Fomento Sanitario con el patrocinio de Actualidad del Derecho Sanitario.
La preparación de la oferta, su presentación, el concurso, así como la multitud de papeles y certificados necesarios antes y después de la adjudicación convierten prácticamente en heroica la opción de una empresa concursar. Además, la Administración dispone en la mayoría de las ocasiones de la información de los proveedores, no obstante el empresario debe emprender un nuevo calvario administrativo en cada comunidad autónoma, ya que cada una tiene su propio régen de funcionamiento.
El papeleo innecesario, la reducción de los plazos para presentar las ofertas, la reserva de derechos leoninos para la Administración, las cláusulas abusivas, restrictivas de la competencia, o desprocionadas, son algunas de las situaciones que provocan efectos perversos en el mercado. A pesar de que la jurisprudencia comunitaria ha tratado de corregir este problema en parte, el hecho es que el Estado celebra los contratos según su conveniencia, necesidades y condiciones, y los empresarios deben pasar el aro dibujado la Administración.
Los expertos reunidos en el congreso de Instituto de Fomento Sanitario (IFS), titulado ‘La Reforma Legal de la Contratación Pública: Repercusión en el Sector Sanitario’, echan de menos un acercamiento entre la empresa y la Administración para acercar el marco legal a la realidad jurídica y económica, según manifestó Iñigo Barreda, presidente de IFS.
