Ayer la tarde se decidía en el Congreso de los Diputados si se llevaba a cabo o no antes de que acabara esta legislatura, la propuesta de Ley que reforma el Código Penal en materia de Seguridad Vial. Finalmente, la reforma que fue presentada y firmada el pasado 14 de junio PSOE, CiU, ERC, ICV, CC y Grupo Mixto, y que llevaban reclamando desde hace tiempo entre otros las asociaciones de víctas de accidentes de tráfico, se ha aprobado con 296 votos a favor y con tan sólo un voto en contra y dos abstenciones.
Esta reforma pretende tipificar como delito el conducir bebido (con tasas superiores a 1,2 gramos de alcohol litro de sangre), sin permiso o a velocidades excesivas superando los 200 kilómetros hora en autopista, 180 en carretera o 110 en vías urbanas.
Una de las novedades es que introduce una disposición adicional que insta a las distintas administraciones a mejorar la señalización y revisar los límites máxos de velocidad establecidos actualmente.
Según ha informado Servedia, el diputado de CiU y presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, Jordi Jané, reconoció ‘la necesidad objetiva’ de reformar el Código Penal, pero hizo hincapié en que las acciones para prevenir accidentes no deben ir siempre dirigidas al conductor, ya que hay que tener en cuenta también cómo se encuentran las carreteras de nuestro país, la necesidad de mejorar la señalización de las vías ya muchas están obsoletas, así como la necesidad de aumentar los controles policiales y de invertir para una mejor Educación Vial.
Por otro lado, el tavoz de ICV, Joan Herrera, propuso incorar una disposición adicional introduzca límites de velocidad a los fabricantes de vehículos, para ‘no permitir que haya coches que puedan ir a más de 200 kilómetros hora’.
El tavoz del PP en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, Federico Souvirón, expresó su disposición a colaborar y a trabajar en la tramitación de esta reforma, pero dijo no estar de acuerdo con los límites a partir de los que la conducción bajo los efectos del alcohol o a velocidades excesivas se considerará delito. En este sentido, el PP propuso establecer penas de cárcel a partir de los 1,5 gramos litro de sangre.
