LIMA (02/11/07) El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) denunció la decisión del Congreso de la República de consuiderar la sesión del 18 de septiembre como secreta. El Juzgado Civil de La ha admitido a trámite el ‘hábeas data' presentado contra el Congreso peruano.
Y es que para el IPYS, dicha sesión fue indebidamente clasificada como secreta el presidente del Congreso. El Juzgado Civil número 37 ha aceptado a trámite el hábeas data presentado el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), según informa Periodistaes. El violar la transparencia y acceso a la información pública son los principales puntos discordantes que el IPYS encontró para llevar a cabo este trámite.
El habeas data es una acción constitucional o legal que tiene cualquier persona que figura en un registro o banco de datos, de acceder a tal registro para conocer qué información existe sobre su persona, y de solicitar la corrección de esa información si le causara algún perjuicio.
Todo comenzó cuando el 18 de septiembre, el IPYS solicitó el registro al considerar que dicha sesión fue indebidamente clasificada como secreta el presidente del Congreso, abusando de la potestad de hacerlo sólo cuando se tratan temas que afectan la seguridad nacional y el orden interno.
El mismo día que el juzgado notificó al IPYS la admisión del hábeas data, el Congreso formalizó, con 26 días de retraso, su negativa a entregar la información solicitada, argumentando que se trataba de ‘un tema vinculado a la Comisión de Ética del Congreso'.
Para el IPYS, los temas tratados en esa comisión no pueden verse en sesión secreta del Congreso, según lo estipula el reglamento del Congreso y las obligaciones que pone a todas las entidades del Estado la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Según el Instituto de Prensa y Sociedad, durante el últo año, el Congreso no ha respondido en modo alguno seis pedidos de información pública hechos el IPYS, y en un caso lo hizo fuera del plazo de ley. Además, el IPYS ha constatado que los funcionarios del Congreso exigen formalidades excesivas para recibir pedidos de información, todo lo cual obliga a revisar judicialmente esta situación.