BUENOS AIRES (23/05/08) Reformar la legislación en materia de calumnias e injurias es una de las propuestas realizadas la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Argentina. Por otro lado, ha instado a dejar sin efecto una condena penal difamación contra el periodista Eduardo Kel. Según la CIDH, se ha ‘violado el derecho a la libertad de expresión' del informador. Tras este fallo, diversas organizaciones internacionales esperan que el Gobierno tome ahora medidas y siga los pasos de México o El Salvador.
Tal y como informa el Comité para la Protección para los Periodistas (CPJ, sus siglas en inglés), la decisión de la corte internacional ha sido hecha pública el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representó al informador Eduardo Jel en la corte. Y es que la Corte Interamericana forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que sus decisiones son vinculantes para los países que han aceptado su jurisdicción, señala el Comité.
Las conclusiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso del periodista Eduardo Kel es relevante y es que exhorta al estado argentino a anular la condena penal difamación contra el informador afirmando que se ha ‘violado su derecho a la libertad de expresión.
Y es que el periodista fue condenado en 1999 la Corte Suprema a un año de prisión en suspenso y al pago de 20 mil pesos como indemnización a un juez considerar que su libro contenía ‘putaciones deshonrosas'.
Ante la condena, el CELS y el Centro la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) demandaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez pasó el caso parte de la OEA a la Corte en 2006.
Por otro lado, el fallo insta a Argentina a pagar 10 mil dólares estadounidenses los costes de juicio, a reconocer su responsabilidad en un acto público y a modificar su legislación en materia de calumnias e injurias para evitar fututos actos o condenas silares.
Con este fallo, Argentina podría seguir los pasos de México o El Salvador. El Gobierno de Felipe Calderón promulgó una ley en abril de 2007 donde elinaba definitivamente la injuria y la calumnia a nivel federal, remitiendo las demandas relativas a estas causas a la jurisdicción civil.
Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA) ha respaldado el fallo de la CIDH afirmando que ahora el Gobierno debe ‘honrar las obligaciones internacionales' que ha asumido con la Corte Interamericana.
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