Este es el coste calculado. Sin embargo, España no tiene actualmente un indicador fiable y consolidado que ayude a priorizar las medidas de reducción de la siniestralidad más eficaces desde el punto de vista económicosocial, esto es, las que sirven para reducir los siniestros que conllevan mayores costes económicos.
Esa es, precisamente, la intención del informe ‘El valor de la seguridad vial. Conocer los costes de los accidentes de tráfico para invertir más en su prevención', presentado ayer la Fundación Fitsa. Este tipo de indicadores sí se utilizan en otros países, en los que además el coste que se calcula en relación con los fallecientos es superior, lo que ayuda a que sus Gobiernos inviertan más en medidas para reducir el número de accidentes. En palabras de Óscar Ciordia, director general de Fitsa, no se trata de calcular el valor de una vida humana, sino de establecer unos parámetros que permitan hacer un cálculo cuantitativo de los costes económicos de los accidentes de tráfico con pérdida de vidas.
La mejor manera de realizar este cálculo es mediante ‘El método de la disposición al pago', esto es, lo que la sociedad está dispuesta a pagar para reducir un número determinado de víctas. Aunque a priori todos estaríamos dispuestos a realizar esta inversión, Ciordia puso un ejemplo claro de los contrario: establecer una velocidad máxa de 20 kilómetros hora en todas las vías tendría un pacto casi instantáneo en la siniestralidad, sin embargo, muy pocos estarían dispuestos a renunciar a la rapidez y la comodidad de límites más altos a favor de una virtual reducción del riesgo común.
En realidad, el estudio parte de la premisa de que, si no se conoce el pacto de los accidentes en la economía del país, la Administración no tiene las referencias indispensables para establecer el nivel de gasto público orientado a su prevención. Por otro lado, valorar económicamente el beneficio económico que conlleva la prevención de una vícta mortal permite relacionar el coste y beneficio de una determinada medida de seguridad vial.
Para ser más claros: la construcción de una rotonda es una de las obras más caras que existen dentro de las vías públicas, pero también supone una de las medidas más eficaces en cuanto a la reducción de los accidentes más graves (y más caros), lo que el gasto realizado es una ‘buena inversión'.
Si hablamos de los ‘fríos datos', está calculado que cada vícta mortal en accidente de tráfico le cuesta a la sociedad alrededor de 860.000 euros, teniendo en cuenta los costes administrativos (policía, juzgados…), materiales (vehículos, propiedades…) y los costes asociados a las propias víctas (pérdida de productividad, costes médicos y costes humanos). Si se trata de un lesionado, las pérdidas rondan los 10.400 euros de media, en función siempre de la gravedad de las lesiones.
¿Y qué va a hacer la Administración al respecto? Según la directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Anna Ferrer, existen dos dificultades a la hora de establecer un indicador fiable: en prer lugar, conocer la cantidad y gravedad de las lesiones, para establecer su coste, para lo que sería necesario que tanto hospitales como aseguradoras hicieran públicos sus datos, especialmente en el caso de las lesiones más leves, que son las que menos se conocen, y en segundo lugar, cuantificar el valor de la vida, es decir, ‘cuánto pagaríamos evitar una muerte'.
Para salvar estos dos escollos, Ferrer ha afirmado que se creará un grupo de trabajo, al que están invitados todos los organismos que puedan atar datos de interés al tema de estudio, cuyo objetivo será mejorar y unificar la metodología de cálculo costes. Se espera que dicho grupo, sobre el que las asociaciones de víctas españolas ejercerán un cierto ‘control de calidad', pueda atar sus preros datos a lo largo de 2010.
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