El concejal del PP responsable del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, será llamado a declarar como putado un procediento derivado de las investigaciones del caso Guateque, la trama de corrupción en la concesión de licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Madrid. El juez que instruye el caso, Santiago Torres, llamará a declarar en septiembre al concejal y a varios funcionarios putados.
Este procediento surge tras la denuncia presentada una familia residente en la calle Juan Bravo, 18. Esta acusación apunta un posible ‘trato de favor, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias' hacia los propietarios de una tienda de muebles situada en el bajo del edificio donde residen los anunciantes.
El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid llamará a declarar, además de al concejal del distrito, al que fuera jefe de la Unidad de Licencias en la Gerencia de Urbanismo, Óscar Acero Fernández; el funcionario Fernando Ruiz Torrejón, y el técnico del área de Medio Ambiente, Miguel Ángel García Jodar.
Tras conocerse dicha putación, Íñigo Heríquez de Luna compareció ante los medios de comunicación para defenderse alegando que las acusaciones ‘son totalmente falsas y carentes de toda lógica y sustento' y que responden ‘a una venganza de la familia denunciante', según recoge Europa Press.
El origen de la ‘venganza' reside en el precinto de la oficina en la segunda planta de Juan Bravo, 18, propiedad de la familia denunciante, incumplir la normativa urbanística, según apuntó el concejal del distrito de Salamanca. Además, ‘en mayo de 2005' dicha familia interpuso una querella crinal contra él presunto tráfico de influencias, una querella que quedó archivada ‘ falta de fundamento', añadió.
El edil argumentó que las putaciones son erróneas ya que ‘la denuncia se fundamenta en la participación de la licencia de un local que ya se dio el 18 de enero de 1999' año en el que Henríquez de Luna aún no era concejal, tal y como recoge hoy el diario el diario El Mundo. Así mismo, desde el Ayuntamiento niegan estos hechos y afirman que la Junta no ha concedido ninguna licencia ni modificación desde 1999.