La entereza de Juan José Cortés frente a los amagos de linchamiento callejero contra el asesino de su pequeña hija Mari Luz, sorprendió a la ciudadanía. Del mismo modo que indignó la ridícula multa de mil quinientos euros que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puso al juez Rafael Tirado dejar dos años libre al mismo asesino sobre quien pesaba un auto de prisión dictado en marzo de 2006. Este trágico error de la Justicia, como lo llamó la vicepresidenta, y a su vez jueza, María Teresa Fernández de la Vega, ha dejado bajo mínos la confianza ciudadana. Si a ello le añados que el máxo órgano judicial que nombra, vigila, repara y sanciona las actuaciones de los jueces, el CGPJ, ha estado casi dos años prácticamente paralizado y pendiente de su renovación falta de acuerdo entre los partidos políticos, la agen de garantía para el ciudadano, es francamente desoladora.
No es de extrañar que en casi todas las encuestas, una de las instituciones menos valorada sea precisamente la Administración de Justicia. Por eso, el circo al que nos someten los políticos, de los dos grandes partidos, raya casi en la vergüenza. Carlos Dívar, magistrado de 68 años, quien ha pasado veinte en Instrucción, sin ninguna experiencia en dictar sentencias, es la propuesta del PSOE para presidir el CGPJ. Lo que ha provocado casi una rebelión en el ala progresista de la judicatura que se pregunta cómo es posible que un hombre conservador, profundamente religioso, contrario convicción moral al aborto, el divorcio, el matronio entre las personas del mismo sexo, que ha escrito que ‘sólo en el amor a Cristo se encuentra la auténtica Justicia', nada menos que en la web de la Hermandad del Valle de los Caídos, sea el tador de un voto decisivo a la hora de inclinar la balanza.
Recordemos que el GGPJ está compuesto veinte vocales, nueve progresistas, propuestos el PSOE, nueve conservadores, propuestos el PP, y dos de distintas adscripciones. Cabe preguntar qué peso tendrán sus convicciones morales a la hora de dictaminar sentencias sobre los casos de mujeres que abortan o sobre derechos de matronios gays, en los que él mismo no cree. Por otro lado, la propuesta del PP, para vicepresidente del mismo órgano judicial, de Fernando de la Rosa no es menos atávica, pues este juez fue Consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana. Un político, directamente posicionado en un organismo cuya tarea principal es la parcialidad en la aplicación de la Justicia. Si a todo esto le añados la edad media de miembros del Consejo General del Poder Judicial, que tradicionalmente superan casi todos la cincuentena, y alguno de ellos es casi septuagenario, dan ganas de pensar en estos tiempos locos que, mientras las empresas jubilan a sus mejores trabajadores con cincuenta años, en la judicatura es casi condición sine qua non tener ‘cierta edad' para ser promocionados.
CONCHA MINGUELA, DIRECTORA 'GENTE EN MADRID'
