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La Asociación los Derechos Civiles (ADC) y la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta han elaborado dos informes en los que se detalla como la publicidad oficial es utilizada en Honduras para condicionar a los medios de comunicación. Los documentos incluyen una serie de ejemplos de atentados contra la libertad de expresión, registrados en el país en los últos dos años.
‘El precio del silencio' y ‘Censura Sutil en Honduras', así se denominan estas dos investigaciones sobre la utilización de la publicidad como mecanismo de premio o castigo para la prensa. El equipo de investigación de Honduras lo conformaron las periodistas Thelma Mejía y Lucila Funes, con financiamiento del World Bank Institute.
Una de las principales conclusiones extraídas de los informes es que la práctica de este mecanismo de censura hacia el ejercicio libre de la profesión se ha visto aventurada en la administración del actual presidente, Manuel Zelaya Rosales.
En el caso concreto de Honduras, destaca la existencia de prácticas como el hecho de hacer firmar a los periodistas que poseen programas propios una especie de cláusula en la cual se comprometen, no solo a promocionar la agen del funcionario, sino también a no incluir contenidos críticos que lesionen la función de la administración pública.
Los informes también señalan que el control de las ruedas de prensa o el favoritismo a medios afines al gobierno, son dos de las principales interferencias del poder político en los medios de comunicación. Destacan, asismo, que la precariedad laboral en la que los comunicadores hondureños realizan su labor favorece la presencia de estas interferencias.
