Las sanciones puestas la Dirección General de Seguros (DGS) contra la cúpula directiva de Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) han sentado muy mal al Consejo de Administración de la aseguradora. En una reunión de extraordinaria, sus miembros decidieron contratar un abogado para estudiar las posibles plicaciones penales del supervisor en la tramitación de los expedientes.
‘La aseguradora se mantiene de esta manera en sus trece', dice textualmente el comunicado que la entidad ha distribuido entre los medios de comunicación. Y, al parecer, defenderá hasta el final la honorabilidad de su presidente, Diego Murillo Carrasco, que recientemente había recibido los reconocientos de algunos colegios médicos y veterinarios su desempeño.
La propuesta de sanción de la Dirección General de Seguros ‘cobros indebidos' afecta a Murillo, al que propone inhabilitar durante 20 años, así como al secretario de AMA, Manuel Campos, y al ex secretario, Manuel Sánchez García. El documento de la DGS proopne el pago de una multa de 250.000 euros el exceso de cantidades cobradas en concepto de dietas y la devolución parte del Consejo de Administración de 2,5 millones de euros cobrados indebidamente entre 2004 y 2007. No obstante, la aseguradora cuenta con un plazo de 20 días para apelar.
El caso se remonta a junio pasado, cuando la Dirección General de Seguros había explicado que estaba aplicando controles ‘especiales' a la entidad, a la que solicitaba la restitución de las cantidades percibidas indebidamente el Consejo de Administración. Con anterioridad, el organismo de control también había investigado la participación de AMA en el capital del Banco Guipuzcoano, en cuyo Consejo de Administración también participaba Diego Murillo.
La entidad asegura que el pasado fin de semana, la Dirección General de Seguros les había remitido unas ‘propuestas de resolución' que no eran vinculantes, ya que constituían un trámite administrativo más en los expedientes sancionadores. ‘Las medidas son totalmente desprocionadas e injustificadas, y suponen una auténtica persecución de tipo personal', afirma la entidad en un comunicado. Para el Consejo, las eventuales sanciones de los expedientes solo tendrán efecto cuando se pronuncie un tribunal.
La decisión de la aseguradora no se ha hecho esperar. Afirma que desde principios de año cuenta con los servicios de un penalista ‘para analizar si las irregularidades y anomalías cometidas la DGS durante su actuación suponen una presunta prevaricación'. Como bien decía en la nota, sigue en sus trece y amenaza con llegar a los tribunales.
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