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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha exigido que se aclare el caso de las escuchas ilegales a juristas, políticos y periodistas, supuestamente ordenadas el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) del Gobierno colombiano.
El fin de semana pasado, la revista ‘Semana' denunció que la agencia de inteligencia adscrita a la Presidencia de la República colombiana, el DAS, sigue interceptando ilegalmente las comunicaciones personales de jueces de la República, líderes de oposición, periodistas e integrantes del gobierno.
Con respecto a las actuaciones del DAS, la FLIP ha manifestado que, en el caso de los periodistas, el hecho de interceptar ilegalmente sus comunicaciones ‘inhibe la investigación periodística y pone en riesgo a las fuentes de información', lo que ‘constituye una violación flagrante del derecho a la información y de la garantía constitucional del secreto profesional'.
Además, para la organización ‘resulta muy grave que entidades estatales cruciales para la protección de periodistas, como es el caso del DAS, estén involucradas permanentemente en episodios que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información'.
Por ello ha exhortado a las administraciones pertinentes a que ‘investiguen y determinen quiénes son los funcionarios responsables de estos hechos, y quiénes son los beneficiarios de esta información irregularmente obtenida'. El Gobierno colombiano negó públicamente haber ordenado el espionaje telefónico a personalidades del país. De hecho, el presidente Álvaro Uribe agregó que se siente ‘una vícta de esta infamia'.
En 2005, varios medios de comunicación ya habían informado sobre estas interceptaciones ilegales y dos años después se conoció también que la Policía vigilaba ilegalmente las comunicaciones de varios particulares.