Ni faltan médicos ni sobran pacientes

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No sé si me lo dicen o me lo cuentan. Pero lo hacen hasta hartarse. Faltan 3.000 médicos en España, especialmente en los hospitales y en el medio rural. Lo que no dicen es que es que nuestro país tiene la mayor tasa de médicos habitante de la Unión Europea. Concretamente, uno cada mil habitantes.

Ya el pasado verano la máxa responsable del quebradizo sistema catalán de salud, Marina Geli, echó leña al fuego al advertir que el periodo estival traería consigo una alarmante carencia de médicos. Oído al parche y parche al pinchazo. El caso es que transcurrió el verano sin nuevos signos de alarma, salvo un leve conato de características silares en la Costa del Sol y un largo retaje en el número de octubre de la revista Pacientes, editada la patronal farmacéutica.

Tal y como esta planteado este debate, especialmente a raíz del últo informe hecho público recientemente el Ministerio de Sanidad y Consumo, me retrotraigo a los tiempos en que estudié filosofía y lógica y descubría el lastre que ha supuesto y supone para la humanidad la lógica aristotélica, la base de la manipulación informativa que abrasa el quehacer diario de los políticos, tan necesitados como están de demostrar que lo están haciendo bien y que lo harán a un mejor pues ya conocen los problemas.

Yo soy más partidario de la sencillez del taoísmo, promovida el discreto Lao Tze: nunca obtendrás la respuesta si no formulas la pregunta correcta. ¿Faltan médicos?, me pregunto. ¿O sobran pacientes?, me repregunto. Pacientes no pueden faltar, me digo a mi mismo: hay los que hay. Ni más, ni menos de los que debería haber, incluso si se tiene en cuenta los aun no diagnosticados, pues el infradiagnóstico parece ser otro problema de la salud española. Y en cuanto a los médicos… si somos los que más tenemos de la Unión Europea cada 100.000 habitantes, entonces los demás países están en pañales.

Si los gobernantes y administradores de los sistemas de salud pública españoles no cabe hablar ahora del Sistema Nacional de Salud, dadas las diferencias y desigualdades entre la sanidad de una y otra Comunidad Autónoma siguieran las pautas del taoísmo, creo que se habrían hecho la pregunta de otra manera: ¿Qué estamos haciendo mal? No se plantean este interrogante que ya conocen la respuesta y no pueden admitir que, ver la botella medio llena, no hacen las cosas bien.

Y es que nuestro universal e igualitario ya no tanto sistema de salud parece estar infradiagnosticado, a pesar de los muchos médicos que atienden sus posibles males.

Recuerdo, que la prera vez que se planteó este problema fue cuando aparecieron los preros anuncios en los periódicos en los que se reclamaban médicos españoles para el Reino Unido ofreciendo un muy buen sueldo e incentivos de carrera profesional. Entonces se encendieron las preras luces de alarma. Si seguos así, se dijeron los gobernantes, nos van a faltar médicos. Pero no hubo contraoferta. Se abrió la puerta a la inmigración. Médicos panamericanos, de la Europa del Este, del mundo árabe llegaron a la sanidad española dispuestos a tragar guardias, a currar a destajo, incluso a aprender catalán para ejercer en el territorio de Marina Geli; pero sobre todo interesados en aprender y dispuestos a forjarse una carrera profesional que luego ¿quién sabe? puedan trasladar a sus países de origen. Ellos encuentran en España todos los incentivos que no tienen en sus infradesarrollados lugares de procedencia. Y lo cierto es que la mayoría de ellos son buenos médicos. Al menos ésta es mi experiencia personal.

Contestando a la pregunta que deberían hacer los gobernantes, es obvio que el modelo de gestión está en crisis. Las CCAA ya están demostrando la eficacia de su labor. De ahí que los sistemas sanitarios de varias de ellas Cataluña, Andalucía, País Vasco y Extremadura, entre otras estén en situación de quiebra técnica. Una estructura obsoleta y distanciado de las necesidades actuales; una falta absoluta de planificación basada en los criterios económicos que deberían fundamentar la gestión (datos epidemiológicos, coste proceso, coste patología, etc.); una clara ausencia de perspectiva de futuro; y una cultura asistencial anclada en el siglo pasado y al margen de las otunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información. Pero, ante todo, esto convencido de que el proble estriba esencialmente en la gestión política.

No quiero decir que haya que privatizar la gestión de los centros asistenciales, sino splemente profesionalizar la gestión política, probablemente elinando a los políticos de las cabeceras administrativas  e instaurando criterios de gestión empresarial; esos mismos que pregonan los estándares farmacoeconómicos: costebenefico, costeeficacia, costeeficiencia. En otras palabras: productividad, calidad y productividad… Y unas cuantas medidas más que, traumáticas e populares, ningún político se atreve a tomar, y que, sin embargo, abrirían las puertas definitivamente a lo que hoy hoy sigue siendo posible: el desarrollo de una carrera profesional sin obstáculos insalvables, como la del precepto de tener que esperar a la jubilación de un jefe de servicio para poder alcanzar esta responsabilidad.

Tengo claro que esta nuestra crisis que tanto nos acogota no se parece en nada a la desencadenada en la década de los 70 los precios del petróleo. Nos encontramos ante una crisis estructural que ataca a los cientos del modelo de sociedad establecido en los países occidentales. Es una crisis de agotamiento de un modelo y ende poliédrica, pues afecta tanto de forma global como aislada a todos y cada uno de los estamentos sociales: modelo económico, banca, judicatura, sanidad, y un interminable etcétera. Miento. Hay un sector al que no afecta la crisis, sino todo lo contrario: aumenta beneficios e incrementa la creación de empleo. Es el de las tecnologías de la información y la comunicación.

El futuro inmediato es la sociedad digital, de eso no me cabe la menor duda. Y ésta debería ser la senda la que encaminar el desarrollo de un nuevo modelo económico y la reestructuración de los diferentes estamentos sociales, incluida la sanidad pública. El mensaje para el Gobierno es terminante, como reza el título de un informe que acaba de publicar la Asociación Española de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AETIC): la solución es digital.

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