Según esta organización, el Estado mexicano tiene la obligación de ‘prevenir, investigar y sancionar’ toda violación a los derechos humanos que tenga lugar bajo su jurisdicción. En concordancia con el espíritu de la Declaración y Programa de Viena, es indispensable que los Estados y las organizaciones internacionales, en cooperación con las organizaciones no gubernamentales, creen condiciones favorables, en los planos nacional, regional e internacional, para el disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos.
Los Estados deben elinar todas las violaciones de los derechos humanos y sus causas, así como los obstáculos que se opongan a la realización de esos derechos. El hecho de que México sea considerado actualmente uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en Latinoamérica es una prueba de que las autoridades están fracasando en cumplir su obligación internacional de asegurar la plena realización de los derechos humanos tanto de manera individual como colectivamente.
ARTICLE 19 recopiló información de expertos y de la sociedad civil mexicana que fue incluida en la propuesta presentada a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Pública, dando como resultado la ‘Propuesta de Trabajo para la instalación del Comité de Protección de Periodistas en México’. Este documento pone énfasis en la necesidad urgente de establecer una política de prevención y protección para periodistas y personas que trabajan en los medios de comunicación.
La propuesta de ARTICLE 19 señala la necesidad de una cooperación y asistencia internacional más sólida, particularmente con países que han combatido exitosamente la violencia contra la prensa. Un buen ejemplo de esto es Colombia y su Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales.
