El proyecto de nueva financiación para RTVE ha logrado lo que pocos textos en la historia de las leyes de este país: poner en contra del Ejecutivo a todos los sectores involucrados. Y cuando decos todos no exageramos: la industria de las telecos, los distribuidores de la señal, los propios trabajadores del Ente, directivos de la Coración, la industria publicitaria y ahora la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que ha filtrado a algunos medios, su dura postura contra el proyecto aprobado en Consejo de Ministros el pasado vies.
La CMT ha remecido el panorama durante todo el día, tras filtrar a algunos medios su últo informe en que destrozaba el proyecto del Ejecutivo de financiar la Cadena Pública con recursos de los principales actores del mercado. Entre las muchas perlas, el informe de 48 páginas señala que La supresión publicitaria en TVE aumentará el coste de los anuncios que se emitan en operadoras de televisión a nivel nacional, las cuales a su vez aprovecharán la citada medida del Gobierno para subir los precios ‘independientemente’ de su cuota de pantalla.
En relación a las tasas a las operadoras de telecomunicación, el informe contempla una posible inconstitucionalidad de la medida, además de ser ‘contraria’ al Derecho Comunitario. En concreto, destaca que el gravamen no cumple con el principio de capacidad económica de la legislación española, al no realizar ‘ninguna actividad o negocio que demuestre una capacidad económica para ser gravada‘.
El informe del Consejo del Estado critica la ‘ausencia de puntos de vista’ de los agentes económicos ‘interesados’ en este proceso, cuya ‘pluralidad habría sido enriquecedora y habría permitido una más integral visión del alcance de los problemas‘ de esta medida. Además, pide al Gobierno estudiar la conveniencia de incluir ‘alguna previsión’ que establezca y regule un sistema de valoración específico de la programación desarrollada TVE en los próxos años.
Durísas declaraciones que sólo demuestran que prácticamente todos los sectores están en contra de un proyecto pedido hace muchos meses los operadores de televisión. El problema es que el Ejecutivo ha hecho encaje de bolillos con todos los sectores en especial las operadoras de Telecomunicaciones que muy poco tienen que ver con el beneficio de un mercado publicitario sin RTVE.
Y es que una ley a la que se han manifestado contrarios desde los anunciantes, hasta las operadoras y distribuidoras, pasando la propia CMT e incluso los trabajadores y directivos de RTVE, no puede estar bien. Esto, nos lleva a preguntarnos el qué de la obstinación del Ejecutivo sacarla adelante, arrastrando a todos l0os actores y sin preguntarle a nadie más que a las televisiones. Una incógnita.
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