A parte de los cinco procedientos administrativos que pesan sobre las espaldas del canal privado Globovisón, que amenazan su difusión hertzaniana, el pasado 17 de julio el gobierno comenzó la evaluación de la legalidad de difusión de 240 emisoras de radio, lo que equivaldría al 40% de la totalidad del tejido radiofónico del país. El posible cierre de las frecuencias consideradas ilegales el gobierno se vería acompañado el decomiso del material de transmisión y la prohibición de difusión durante cinco años.
RSF declara que los representantes de los medios de comunicación ni siquiera han tenido la posibilidad de defender su caso públicamente y los criterios de revisión de las frecuencias no se hicieron públicos. Además, el pasado 3 de julio, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ha pedio que la Asamblea Nacional adopte una ley castigando los ‘delitos mediáticos’, cuando los medios provoquen ‘angustia, zozobra y pánico’ en el seno de la población. Una declaración producida a raíz de los mensajes asociativos emitidos en los canales privados Venevisión, Televen, Globovisión, Meridiano TV y en las emisoras Onda 107.9 y Fiesta 106.5.
A través de un comunicado, la ONG ha manifestado que ‘esas maniobras legislativas, reglamentarias y judiciales tienen objetivo de proteger la salud mental de la población’. Y añaden ‘las reglas y las leyes que un gobierno cambia o vuelve a interpretar para poner lo que considera como la única verdad mediática posible sólo son las herramientas de una cruzada ideológica ya empezada’. Por todo esto exigen que el gobierno suspenda unas medidas contrarias a los principios constitucionales fundamentales y a la jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión’.
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