Las conclusiones llegadas en la prera jornada de audiencias del polémico proyecto de Radiodifusión pulsado los Kirchner es hoy el tema del día en los diarios argentinos. Y es que desde el anuncio de su creación, son muchos los que percibieron el proyecto como un plan estratégico de los Kirchneristas, que perdían las elecciones legislativas el pasado mes de julio, para arrebatar al Clarín, principal grupo de comunicación del país, su poder, aumentando así su poder de intervención en el tejido informativo.
Pero no sólo el sector mediático ha puesto el grito en el cielo. En la sesión de ayer en la Cámara de los diputados, se pudo escuchar la voz del director general de la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA), Philip Pérez, quien explicó detalladamente lo perjudicial que podría llegar a ser la aplicación del proyecto para la industria publicitaria. Según recoge adlatian.com, el directivo matizó los artículos del proyecto referentes al tema de registros de agencias de publicidad y productoras publicitarias, opinando que este punto excluye a los anunciantes en la comercialización de su publicidad de forma directa, obligándoles a recurrir a intermediarios.
Sobre emisión de publicidad, Philip Pérez argumentó no entender el cambio en la redacción del proyecto de ‘derecho a emitir publicidad’ a esta versión en la que se matiza ‘habilita a emitir publicidad’. Asismo, criticó ‘la exigencia de emitir exclusivamente avisos de producción nacional ya que conllevrçia la restricción de al tación de los de otro origen, y ende, el incumpliento de acuerdos como el MERCOSUR, o ganancias obtenidas a través de la extación de piezas a otros países.
En relación a este punto desde la CAA aseguran que la mejor manera de ‘defender el trabajo argentino es destacando su alta calidad y extendiendo la misma en mercados extranjeros’. Además, y dejando los aspectos económicos aparte, también dañaría la libertad de expresión. Según expresó el director general de la CAA litar a producción nacional ‘plicaría el cercenamiento de la libertad de amparados la Constitución Nacional’.
De la misma manera, los aspectos relacionados con la publicidad en señales no nacionales, la cual estaría excluída, y los gavámenes, que afectarían a empresas descritas en el artículo 51, fueron reprochadas el organismo, desde donde se criticó la mala repercusión que tendría para la generación de empleo en Argentina.
Una nueva voz de alarma que se sumaría a las ya existentes, y que podría estar convenciando a los miembros del Senado. Y es que en estos momentos, el proyecto ha ganado el voto de tan sólo de 34 senadores, no llegando así a los 37 que necesitaría para su aprobación.
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