La pasada semana el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Rolando Pachana, presentó un proyecto de ley de comunicación. Según explicó, a través de esta iniciativa se pretende garantizar el ejercicio integral de la comunicación y de la información y regular los servicios de comunicación social’. Para ello, será el Estado quien promueva ‘el apoyo a la gestión institucional, al protagonismo e interacción de las personas y al acceso al desarrollo científico y tecnológico’.
El proyecto, articulado en diez puntos, ha sido analizado Jorge Alvear Macías, abogado especialista en Sistemas Jurídicos de Protección a los DD.HH en una entrevista para el diario El Comercio. Macías afirma que el proyecto carece de legitidad ya que no estaría cumpliendo las normas internacionales que protegen la libertad de expresión: ‘ni la exposición de motivos ni las consideraciones se menciona lo básico del contenido de la Ley que debe estar acorde con los convenios internacionales que protegen a la libertad de expresión’, a lo que añade: la Ley no puede regular el ejercicio de los derechos, ya que el derecho a la libertad de expresión no requiere regulación, sino garantías.
La estructura el Consejo de la comunicación que se propone es otro de los puntos violatorios a las normas internacionales, ya que plican un excesivo control para el ejercicio del derecho a la libre expresión y una ‘restricción al libre flujo de las ideas y de las opiniones como lo exige el artículo 13 de la Convención Interamericana de DD.HH. Es ello que de aprobarse la ley Ecuador se convertiría en un nido de demandas internacionales.
Macías sentencia que la institución que ha de encargarse de velar para que las leyes ecuatorianas se ajusten a los convenios internacionales es la Corte Constitucional independiente, si bien, este control solo ‘sería posible la vía de la acción de inconstitucionalidad que debe ser planteada expresamente’. Y es que en el escenario mediático el papel del Estado ha de reducirse ha regular el uso de las frecuencias, los horarios de determinados programas.
Con el lanzamiento de esta propuesta, Ecuador se estaría sumando a la lista de países de América Latina que gestionan el espacio radioeléctrico a través de las denominadas ‘leyes mordaza’, entre la que se encuentran países como Argentina o Venezuela. Basadas en el argumento de evitar el monopolio y la concentración de los medios en pocas manos, hacen del Estado el principal agente regulador de espacio mediático.
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