Podríamos decir que la crisis política hondureña se le están yendo a Micheletti de las manos después de que el Gobierno de facto aprobase este sábado un decreto ejecutivo que restringe 45 días las garantías constitucionales, correspondientes a las comprendidas en los artículos 69, 72, 78, 81 y 84. Este decreto fue aprobado el Consejo de Ministros y publicado posteriormente el 26 de septiembre en el Diario Oficial La Gaceta.
De esta manera, y según expone el artículo 3, la población hondureña tiene prohibido la libre circulación, la cual se restringirá conforme a los parámetros establecidos en los comunicados de prensa que en cadena nacional emita la Presidencia de la República; así como toda reunión pública. Además, este artículo incluye la prohibición de emitir publicación cualquier medio hablado, escrito o televisado, que ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos, o atenten a la ley, y las resoluciones gubernamentales; o de cualquier modo atenten contra la paz y el orden público.
El órgano autorizado de hacer cumplir estos puntos será CONATEL, a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Sobre su mano estará la capacidad de hacer suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable que no ajuste su programación a las disposiciones establecidas el gobierno de facto.
Con esta medida se pretende evitar la circulación de cualquier información que apoye al presidente depuesto, Manuel Zelaya. De esta manera, Radio Globo, principal medio opositor al Gobierno de facto y quien se ha encargado de informar de lo que éste ha querido ocultar tanto a la población local, como internacional será el principal punto de mira. Ya este mismo domingo comenzó a tener problemas con la emisión.
No obstante desde el gobierno de facto se empeñan en afirmar que sus medidas no se corresponden con una política de censura informativa, ‘no se trata de coartar la libertad de expresión, sino que si hay un medio que está incitando al odio y la violencia es un deber ponerle un alto‘, afirmó el ministro Oscar Matute. Unas medidas que ya han empezado a calar entre los medios de comunicación más tantes del país, los cuales han dejado fuera de su agenda informativa la crisis política para centrarse en los temales que afectan al país.
De la misma, y atendiendo el artículo 4, se ordenará ‘detener a cualquier persona que sea encontrada fuera del horario de circulación establecido, o que de alguna manera se presuma como sospechoso las autoridades policiales y militares (…)’. Las personas retenidas deberán permanecer recluidas, en los centros de detención legalmente establecidos.
Según explicó el gobierno de facto, estas medidas se han tomado a raíz de los actos de violencia desatados en la últa semana los seguidores de Manuel Zelaya. Asismo, ha considerado que la crisis hondureña es algo que tienen que solucionar los propios hondureños. Es ello que la Cancillería de Honduras no permitió el ingreso de cuatro funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) al país, obligándoles a salir del mismo.
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