Desde que el pasado 28 de junio, Roberto Micheletti orquestara un golpe de estado en Honduras, usurpando la presidencia a Manuel Zelaya que fue obligado a abandonar el país, la comunidad internacional no ha cesado de manifestar su rechazo a dicha actuación. Concretamente, el gobierno de Estados Unidos ha ejecutado una constante presión sobre el gobierno de ‘facto’, materializada en la suspensión de las ayudas del exterior, o a través de la cancelación de visas estadounidenses a muchos dirigentes hondureños.
Varios meses después, y tras la intervención de varios lobbys de presión, el gobierno de facto ha invertido 290.00 dólares en la firma de Relaciones Públicas Chlopak, Leornad, Schechter & Associates, a través de la cual tratará de ganarse las spatías de los asistentes del Capitolio, así como de los líderes de opinión y los medios de comunicación. El trabajo lo llevarán a cabo al menos nueve personas, algunas de ellas familiarizadas con el Congreso y el mundo político, como Mike Buttry, jefe de personal del ex senado Check Hagel; o Sharon Castillo, tavoz del presidente George W. Bush en la campaña de reelección de 2.004.
Una labor que no le resultará nada fácil teniendo en cuenta los acontecientos que reactivaban la crisis política del país: Manuel Zelaya regresaba a Honduras tras permanecer tres meses fuera de su patria. La presencia del presidente derrocado, quien se encuentra recluido en la Embajada de Brasil, ha motivado al gobierno de ‘facto’ la posición de acciones de censura a los medios e incluso la aprobación de un decreto que prohíbe cinco garantías constitucionales.
Además de Chlopak, los líderes de negocios en Honduras han contratado a una serie de empresas como Orrick, Herrington & Sutcliffe o América Vision, para presionar en apoyo del gobierno de ‘facto’ y hacer ver a al opinión pública que la caída de Manuel Zelaya era justa y necesaria.
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