Es la consecuencia directa del aumento del IVA anunciado el Gobierno. La asociación catalana de entidades sanitarias y sociales, que ya rechazó esta medida en septiembre, pide la aplicación del IVA súper reducido del 4% para mantener la sostenibilidad del sistema sanitario.
El Sistema Nacional de Salud dedica sólo a IVA 1.756 millones de euros. En 2010, con la subida en dos puntos del IVA, a esa cifra habría que sumarle otros 130 millones, que según Boi Ruiz, presidente de la Unión Catalana de Hospitales (UCH), ‘podrían estar destinados a la atención sanitaria o a algo tan tante como la investigación ‘. El gasto actual en IVA ya es superior al presupuesto en sanidad de Asturias, Baleares, Navarra o La Rioja, entre otras comunidades.
El gasto sanitario de todas las comunidades ronda los 60.000 millones de euros. De esa cantidad, el 60% está destinado al personal sanitario, el 20% sería gasto farmacéutico y el 15% se dedica a los gastos propios de los centros (lpieza, comida, seguridad, material…). A excepción de la cantidad destinada a nóminas, el resto conlleva un IVA, arbitrario según Ruiz, que supondría casi 1.900 millones de euros si se concreta la subida.
Actualmente, el IVA reducido del 4% sólo se aplica a los medicamentos. El resto de productos sanitarios e inversiones de los centros está gravado con uno del 7% o 16%, dependiendo de los casos, que pasarían a ser un 8% y 18% con la subida. Para Ruiz, estas diferencias no tienen sentido, ‘pedos un IVA del 4% para todo lo que se usa en los centros sanitarios que no sólo los medicamentos están destinados a la atención sanitaria‘. La reivindicación no es nueva, aclara, pero es especialmente relevante ‘en este momento de crisis‘. Con el IVA súper reducido ‘el sistema dispondría de casi 1.000 millones de euros más‘. La UCH ya ha presentado su propuesta al Gobierno y a todos los grupos con representación parlamentaria.
Boi Ruiz habló también de la incidencia del aumento de puestos en el sector privado y advirtió de que la subida de pras, previsible parte de las aseguradoras, supondría una mayor presión para el sistema público, que se hará cargo, ‘con los mismos o menos recursos‘, de los más de siete millones de personas que actualmente tienen seguros privados.