- Los Agentes Sociales de la Producción Audiovisual han emitido un comunicado conjunto defendiendo los principales puntos de la Ley Sinde que otorga al Ministerio de Cultura la potestad para cerrar sitios webs sospechosos de fomentar las descargas ilegales.
Para esta agrupación este cuerpo legal ‘reconoce y fomenta el valor perdurable de la creatividad, la cultura y la innovación en España, la creación de nuevas otunidades de empleo y la protección de los ingresos de todos los titulares de derechos en la industria de la Producción Audiovisual y otros Sectores Creativos’.
*EL DOCUMENTO CON LAS PROPUESTAS
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*Francisco Caamaño pide control judicial para cerrar webs
*Zapatero se replantea el proyecto para cerrar webs
Este colectivo agrupa a las federaciones de servicios de CCOO y UGT y a la Organización de Sindicatos de Actores y Actrices del Estado Español (OSAAEE), la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) y la Federación de Artistas del Estado Español (FAEE).
También han enviado a los medios una declaración conjunta sobre la protección de la Innovación, la Creatividad y el Empleo en la que hacen una declaración de intenciones defendiendo fielmente el espíritu de la Ley que quiere promulgar el Ejecutivo y su Ministra de Cultura Ángeles GonzálezSinde.
‘Considerando el pacto negativo que tienen los intercambios no autorizados de obras y prestaciones artísticas protegidas, sobre el conjunto de la actividad económica de la industria, así como la necesidad de que todos los titulares de derechos de propiedad intelectual obtengan beneficios tangibles de la comercialización de su trabajo, proponemos el desarrollo de leyes y normas adecuadas para pedir el uso indebido de contenidos y emisiones protegidas’, indican.
También piden los canales institucionales adecuados, en los que todos los sectores afectados estén debida y directamente representados y la obligatoriedad para los proveedores de acceso a Intet de trabajar con todas las tipologías de titulares de derechos y las autoridades competentes, con el fin de pedir los intercambios ilegales de archivos a través de las redes P2P y otras infracciones a través de sus servicios.
Precisamente gran parte de estas demandas son las que han desatados la iras entre los internautas españoles que precisamente se levantaron en armas nada más conocer las medidas de esta nueva ley. De momento, la discusión del proyecto ha quedado postergada para enero, sin duda un buen problema para el Ejecutivo que deberá buscar un punto intermedio entre las demandas del ciberespacio y de la industria cultural.
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