- TOP TEN PR 2009 La aprobación de la Ley Audiovisual, cuyo debate ha sido aplazado al 7 de enero, ha sido el gran reto del 2009 para el Gobierno, en lo que se refiere al sector. En ella se incluyó además el fin de la publicidad en TVE.
La elinación de la publicidad en Televisión Española a partir del próxo 1 de enero es uno de los puntos más controvertidos de esta Ley. Por una parte, los trabajadores del ente público ven peligrar la financiación del mismo y consiguiente sus empleos. Por otro lado están los anunciantes, que pierden la visibilidad en la cadena pública.
UTECA lo celebra, puesto que han sido las privadas las que han presionado al Gobierno para que acabe con la financiación mixta de RTVE considerarlo una competencia desleal. Desde Televisión Española y otros sectores acusan precisamente al Gobierno de querer complacer a las privadas con esta decisión, poniendo en peligro el funcionamiento de la cadena pública. En esta tesitura, Luis Fernandez presentaba su renuncia como presidente de la CRTVE para ser sustituido el octogenario Alberto Oliart, aunque Fernández insiste en que se fue motivos personales y no la desaparición de la publicidad.
La Vicepresidenta prera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha sido la encargada de reunirse con el sector audiovisual para debatir esta polémica Ley que no ha satisfecho a todos. En el caso de la financiación del ente público, De la Vega ha asegurado que la tendrá garantizada, y como fórmula ha propuesto una atación del 3% de los ingresos de las privadas en abierto, un 1,5% de las privadas de pago y un 0,9% de las operadoras de telecomunicaciones para tal fin. Algo que no ha sentado nada bien a las teleco que no ven sentido en atar un centaje de sus ingresos a la cadena pública, puesto que a diferencia de las privadas no obtienen beneficio alguno de la desaparición de la publicidad en TVE. Las privadas en general han aplaudido la Ley, aunque existen excepciones, como es el caso de Roures que no cree que la publicidad que ha perdido TVE vaya a repercutir en el resto de las cadenas lo que no está de acuerdo con la contribución a la financiación del ente.
En medio de todo esto, el Tribunal Supremo ha considerado inconstitucional la atación del 5% de los ingresos de las privadas a la financiación del cine español, ir en contra de la libertad de empresa. En el caso de que el Tribunal Constitucional dictara Sentencia en la misma línea que el Supremo, se sentaría un precedente que podría echar al traste el plan del Gobierno para la financiación del ente público, máxe si se tiene en cuenta que las teleco se sienten las más perjudicadas de esta historia.
Pero la nueva Ley Audiovisual es mucho más que la financiación de Televisión Española. También contempla la aparición de la TDT de pago, que se adelantó en forma de Real Decreto antes de que se aprobara la Ley, lo que se acusó al Gobierno de precipitar su aprobación para favorecer a Mediapro; la posibilidad de que las televisiones se fusionaran sin límite de participación, que ha dado como resultado la reciente creación de holdings como el de Cuatro y Telecinco y el de La Sexta y Antena 3; la permisividad de vender y arrendar licencias de radio y televisión; y la creación del CEMA.
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La aparición del Consejos Estatal de Medios Audiovisuales ha sido aplaudida los Consejos de Cataluña, Navarra y Andalucía. Pero las funciones del mismo aún están determinar. Tomando como referencia las competencias de los demás consejos, el CEMA tendría la función de velar los contenidos audiovisuales de su ámbito de competencia. Se deduce además, siguiendo la misma comparativa, que tendría capacidad sancionadora. Podría poner multas a los medios cuando estos comentan infracciones que pueden ir desde el no respeto a la igualdad, a la juventud y la infancia, y a la dignidad de la persona, hasta la falta de pluralidad. En un principio se estableció que tuviera otras funciones que chocaban con las de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), según denunció este organismo, como la autorización de concentraciones o el control de conductas anticompetitivas. Ante estas quejas, se estableció que el CEMA quedase subordinado a la CNC en estas decisiones.
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