23/02/2010 BOLIVIA 940 SUSCRIPTORES Para RSF el hecho de que el Estado Mayor del Ejército rechace la petición realizada un fiscal para acceder a parte de los archivos de las dictaduras militares constituye una escandalosa denegación de acceso a la información pública sobre un tema crucial.
La organización Reteros Sin Fronteras apoya la iniciativa del gobierno de Evo Morales, anunciada esta semana, para desclasificar los documentos del Ejército relativos a una época que se debe esclarecer, y de la que periodistas y ciudadanos tienen derecho a enterarse. El Ejército debe someterse a las exigencias del acceso a la información.
Una comisión civil, dirigida el fiscal Milton Mendoza, se encarga de investigar 156 desapariciones cometidas durante los regenes militares, en particular durante las dictaduras del general Hugo Banzer (19711978) y el coronel Luis García Meza (19801981). El 17 de febrero de 2010, Milton Mendoza, enviado a los locales del Estado Mayor del Ejército en La Paz, salió una hora más tarde y declaró una “obstaculización al proceso de investigación” parte del alto mando. El mismo día y poco antes de esa visita fallida, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, afirmó que las Fuerzas Armadas recibieron una orden judicial obligándoles a cooperar. Por lo tanto, se incumplió la ley.
La mayoridad de las desapariciones tuvieron lugar bajo la dictadura de Luis García Meza, llegado al poder a través de un golpe de Estado en julio de 1980 y condenado esos hechos a treinta años de prisión que lleva cumpliendo trece años.
Para la organización, es perativo que todos los países antes opridos el Plan Cóndor (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) se doten de una legislación de acceso a la información obligando así a sus instituciones militares a responder a las peticiones de la prensa, justicia y de las organizaciones de la sociedad civil.
Argentina inauguró esta iniciativa el pasado 6 de enero decreto gubernamental. En Brasil, el proyecto Memorias reveladas de inspiración gubernamental ha instaurado una desclasificación parcial de los archivos militares a la espera de una ley global. En Uruguay, el acceso a la información se adquirió gracias a una ley votada en 2008 pero la prensa sigue aguantando obstáculos y hostilidades parte del ejército.
