18/03/2010 ECUADOR 1.670 SUSCRIPTORES El tiempo juega en contra de los miembros de la Comisión de Comunicación ecuatoriana. La fecha tope para la entrega del documento sobre la nueva Ley de Comunicación es el 5 de abril y todavía no han tratado los puntos clave.
Estaba previsto que el miércoles 17 se debatiera la financiación que tendrán los medios públicos. No obstante, la sesión fue suspendida. En la últa reunión, mantenida el martes 16 la tarde, los miembros de la Comisión definieron el concepto de los medios de comunicación públicos. Serán personas jurídicas de derecho público, que pertenecerán a la sociedad y cuya titularidad será estatal.
También se acordó que sus gestiones administrativa, editorial e informativa serán autónomas e independientes entre sí y que no tendrán fines de lucro sino que su rentabilidad será estrictamente social. Sus finalidades serán informar y producir contenidos de interés público que ‘fomenten el respeto los derechos humanos, favorezcan la participación de las minorías y promocionen el turismo’.
Sin embargo, no se alcanzó acuerdo alguno sobre las fuentes de financiación de los medios estatales que el modelo propuesto (un presupuesto cubierto en un 70% fondos del Estado y el resto publicidad) no convence a todos. La sombra del veto gubernamental también amenaza el texto. Algunos miembros de la Comisión temen que todos los avances conseguidos y el trabajo realizado sea destruido al llegar a manos del Ejecutivo que, aseguran, ‘pretende acumular poder en la comunicación y neutralizar a la prensa’.
Habrá que esperar a la próxa sesión, prevista para el vies 19 de marzo, para ver si se producen avances significativos.
