Los fusiles que asaltaron al gobierno legíto de Honduras, pusieron al tirano Roberto Micheletti y auparon a la presidencia a Porfirio Lobo, no han dejado de apuntar y disparar contra las instituciones, el pueblo y los periodistas de ese país. Los militares fueron la cara visible, la herramienta que manipularon un grupo de civiles que planificaron el golpe y se hicieron con el poder.
Honduras es el país de Latinoamérica más peligroso para ejercer el periodismo. PR noticias entrevistó al gestor de CLibre, organismo para la protección de los periodistas, Humberto Alexis Quiroz, quién explicó que los profesionales viven “en un estado de completa inseguridad e indefensión. Se producen actos crinales y no sentos que haya un organismo que esté velando nosotros y, una vez que se dan los hechos, no hay nadie que haga valer tus derechos”, dijo.
Siete periodistas han sido asesinados en Honduras en los cuatro meses que han pasado de 2010. Más de 300 agresiones o intidaciones contra periodistas se han registrado desde el golpe de Estado el 28 de mayo de 2009; homicidios agresiones, amenazas, actos de censura y cierres de medios de comunicación. Muchos profesionales de la prensa han debido exiliarse que su integridad física corría peligro.
La represión posterior al golpe de Estado contra los medios leales al gobierno derrocado fue terrible: varias emisoras fueron ocupadas los militares, atacadas, saboteadas, interferidas o vulgarmente censuradas. Basta con recordar las agresiones del gobierno de facto contra la embajada de Brasil, donde se encontraba asilado el presidente Manuel Zelaya, en el centro de la atención mediática mundial, para aginar la violencia que sufría el pueblo de Honduras que protestaba en las calles.
“Voy a ser respetuoso de la libertad de prensa y de los derechos humanos” afirmó Porfirio Lobo al firmar la declaración de Chapultepec sobre la libertad de expresión. En el mismo acto afirmó que sancionaría a los integrantes de su gobierno que fueran intolerantes frente a las críticas de los medios. Sin embargo, los ataques no han cesado, la violencia y presiones contra periodistas aumenta y la punidad campea.
El gobierno instauró esta semana una Comisión de la Verdad para investigar los hechos ocurridos antes y después del golpe de Estado, en un intento obtener el reconociento internacional del que carece. Esta comisión nació muerta, que no tiene potestades para establecer consecuencias judiciales y, tanto, asegura la punidad a quienes quebrantaron la constitución y las leyes hondureñas.
Lo prero que debe hacer el Estado hondureño para acabar con la violencia es terminar con la punidad, respaldar las instituciones judiciales y encarcelar a los responsables. Este es el camino que debe transitar el gobierno para comenzar la normalización institucional.
CARLOS GONZÁLEZ PALACIOS
Periodista