Contra todo pronóstico. La empresa de recurso de multas Dvuelta prevé que con la nueva Ley de Seguridad Vial aumente en un 80% la demanda de servicios de defensa parte de los conductores hasta final de año. La compañía asegura que la principal duda de los conductores es cómo defenderse si se acogen al descuento del pronto pago, cosa que la nueva Ley pide. En este sentido, señala que esto les empujará a tomar la decisión de defenderse ante lo que consideran una ‘injusticia’ y que aumentará el número de conductores que acudan a la vía judicial.
La compañía Dvuelta considera que los conductores alegarán más con la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Vial. Y es que, a partir de ahora, el conductor podrá acogerse al pronto pago, es decir, descuento del 50% si paga la multa en 20 días, cerrando así el proceso y negándose a recurrir, o presentando alegaciones durante ese periodo. En caso de inactividad, la Administración ejecutará la sanción en el plazo de 30 días naturales de la notificación de la denuncia.
Bajo estas condiciones, la empresa especializada en el recurso de multas prevé que los procedientos contenciosoadministrativos contra la Dirección General de Tráfico (DGT) y Ayuntamientos puedan desdoblarse en un año. De hecho, ya señalan que desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la demanda de servicios de defensa de conductor ha crecido en un 60%. Sólo Dvuelta ha atendido más de 10 mil consultas de información.
En este sentido, la compañía considera que la plena vigencia de Ley hará que la demanda de servicios de defensa crezca hasta en un 80% hasta final de año debido, especialmente, a la posibilidad de defenderse después de acogerse al pronto pago.
Igualmente, señalan que el nuevo procediento, más corto, multiplicará también los casos en los que el conductor que quiera defenderse acuda a la vía judicial para defenderse de las multas; en esta vía, es un juez parcial, y no el propio órgano sancionador, quien se pronuncia sobre la legalidad o no de la multa. Además, aseguran que los casos en que los conductores ganan a la Administración en este tipo de procedientos llega al 95%, produciéndose, además, en muchos casos, la posición de las costas judiciales a la Administración. Este dato contrasta con la información ofrecida la DGT, donde afirman que el 95% de las denuncias se confirman a favor de la Administración, y solo en un 5% se acaba dando la razón al multado.
Por últo, la compañía cree que el desembarco masivo de procedientos contenciosoadministrativos puede producir, a medio plazo, una revisión de la Ley, ‘ya sea propia iniciativa del Gobierno o resoluciones jurisprudenciales que obliguen a su modificación’, señalan en nota de prensa.
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