La policía local de Madrid contará con competencias de policía judicial

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Se trata de un acuerdo de colaboración suscrito entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid. A partir de ahora, la Policía Local desempeñará funciones de la policía judicial, es decir, podrá investigar delitos y podrá actuar en aquellas infracciones consideradas como falta o delito menos grave, entre los que se encuentran algunos temas de tráfico y seguridad vial.

 

Gracias a este acuerdo, la policía local de Madrid podrá investigar delitos, hacer detenciones determinadas infracciones penales y pasar presuntos delincuentes a disposición judicial.

 

El Ministerio del Interior considera que, de este modo, se dará una mejor respuesta policial en la investigación de las infracciones penales que se produzcan en la capital y en toda la provincia. La participación del cuerpo de Policía Local en funciones de policía judicial se extenderá tanto a la recepción de denuncias como a la investigación de los hechos que constituyan una o varias infracciones penales.

 

En concreto, actuará en aquellas infracciones que, en prera instancia policial, puedan ser calificadas como falta o delito menos grave, entre las que se encuentran las faltas penales, violencia doméstica y de género, quebrantamientos de condena, órdenes de alejamiento y privaciones del derecho a conducir, hurtos, delitos contra la seguridad del tráfico y amenazas y coacciones.

 

El Ayuntamiento de Madrid posee una plantilla de 6.800 policías municipales, de los que, a partir de ahora, 591 trabajarán en labores de policía judicial de forma coordinada con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

 

Con este acuerdo, ya son ocho los ayuntamientos que se han adherido a esta modalidad, recogida en el convenio marco de colaboración firmado en febrero de 2007 el Ministerio del Interior y la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP).

 

Cuando esta iniciativa se amplíe a otros ayuntamientos y se desarrolle plenamente, unos 15.000 policías locales podrán realizar labores de policía judicial en sus respectivos ámbitos territoriales, lo que plica un sustancial aumento del papel que desempeñan los ayuntamientos en materia de seguridad ciudadana.

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