Aproxadamente 37.000 conductores pierden el permiso de conducir y a más de 356.000 se les restringe, pudiendo conducir solo de día, con acompañante o con otro tipo de litaciones, así lo ha dado a conocer José Ignacio Landaluce, presidente de la Asociación Española de Centros Médicos Psicotécnicos, quien añade que cerca del 5% de los 2.000 centros de reconociento de conductores que hay en España lleva a cabo conductas ‘ilegales’. En este sentido, la Fiscalía General del Estado ha anunciado que desde hoy se abre una investigación en profundidad de estos centros.
‘Hay un sector mayoritario cualificado pero hay un tante centaje de centros clandestinos (centros que actúan fuera de la legalidad y que realizan fraudes, algunos tienen licencia y otros sulan que la poseen), que no tienen el instrumental necesario, no hay reconociento e, incluso, se da el papel a cambio de dinero’, asegura el Fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. De hecho, indica que debido a esto hay ‘una cifra negra de accidentes de tráfico producidos unos defectos en el reconociento’.
En este sentido, la Fiscalía ha anunciado que se centrará en esta problemática y en la competencia desleal existente. Aquí, ha añadido que hay un sector de ciudadanos que escoge esos centros. ‘Picaresca en la que participa el ciudadano que no es consciente de lo que hace y que genera gravísos riesgos’, indica el fiscal.
Por este motivo, el Fiscal, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) va a iniciar una actuación conjunta de manera que de modo selectivo se le remitirán aquellas inspecciones más graves. Asismo, se ha dado instrucciones a la Policía Judicial especializada en falsificación para una investigación en profundidad.
Actualmente, el nuevo Reglamento de Centros de Reconociento aprobado en febrero fija las sanciones a las que tienen que hacer frente los centros. En esta línea, la multa ronda de 3.000 a 20.000 euros y se fija una suspensión de la actividad durante 1 año. En lo que respecta a la falsedad documental, es decir, informes de aptitud y facultativos que puedan darse de manera ilegal, la pena es de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 6 a 12 meses, pues ‘hay sulación o creación ex novo de documento que oculta la ausencia total de realidades y actividades médicas tendentes a cumplir los fines legales’.
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