‘Es insuficiente, desfasado y rígido’, con estas palabras se ha referido Elena Agüero, de la Fiscalía de Seguridad Vial, al actual Baremo de Indemnizaciones para víctas de accidentes de tráfico, unas indemnizaciones que se fijan conforme a un baremo de carácter vinculante vigente desde 1995. En este sentido, desde al Fiscalía se considera que su rigidez ‘dificulta seriamente la valoración individualizada de las circunstancias personales de cada vícta’, ello pide un ‘traje a medida de sus necesidades específicas’. Y es que ‘todos somos potenciales víctas de tráfico’, añade.
‘Hay una nueva etapa a raíz del accidente que afecta a la vida laboral y social de la vícta’, asegura Elena Agüero, la fiscal adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, quien añade que ‘la calidad de vida de después del siniestro va a depender de la indemnización de estas compañías aseguradoras’. En este sentido y haciendo hincapié en que España es de los países de la Unión Europea con las indemnizaciones accidentes de tráfico más bajas (sólo están detrás nuestra 3 ó 4 países), se busca que el legislador no desconozca la situación de las víctas.
De hecho, desde hace unos meses, un grupo de trabajo a petición de la Dirección General de Seguros y formado Asociaciones de víctas de accidentes de tráfico, la Fiscalía de Seguridad Vial, la Dirección General de Tráfico (DGT) y la patronal aseguradora Unespa, entre otros, se reúnen para compartir propuestas y llevar a cabo una mejora de este Baremo. El resultado final que resulte de estos encuentros se deberá enviar lo antes posible al Ministerio de Justicia, que deberá asumir la propuesta y tendrá que hacer un proyecto de ley.
Entre los puntos que se reivindican desde la Fiscalía de Seguridad Vial hay que destacar la introducción de cláusulas abiertas con esas circunstancias que quedan fuera. Y es que ‘cada vícta debe tener un traje a medida’, indica Elena Agüero. ¿Un ejemplo? El de una mujer colombiana que fallece en un accidente de tráfico en España. El traslado de sus padres a nuestro país para acudir al entierro no estaría cubierto. Por eso, piden un ‘baremo flexible con clausulas abiertas para adaptarse a cada circunstancia’.
En esta línea, la Fiscalía apuesta un proceso de curación y tratamiento completo. Aquí, Agüero indica que ‘a lo lardo de su vida, las víctas siguen necesitando un tratamiento que después de la cura no está cubierto’. De hecho, se incide en que no se debería diagnosticar hasta 18 meses después. ‘No hay que hacer un diagnóstico rápido, hay secuelas que pueden quedar fuera’, destaca la fiscal adscrita.
Por otro lado, se ha destacado la tancia de un régen específico de responsabilidad para los colectivos vulnerables, especialmente los niños, ancianos y discapacitados, para quienes se pide una indemnización íntegra. Agüero cita el ejemplo de un niño de 5 años que cruza mal la calle. ‘No se le daría nada’, añade. ‘Pedos un régen privilegiado para ellos’.
También se ha instado a reforzar la protección de los grandes lesionados cerebrales, medulares o aquellos que se encuentra en estado de coma tras un siniestro de circulación. ‘Necesidades específicas para cada lesionado, que se incluya la figura del asistente personal’. Y es que sus necesidades van más allá de la lpieza, como es el caso de los lesionados medulares o cerebrales, que no pueden desplazarse. En lo que respecta a la vivienda, actualmente se da una cuantía de 88.000 euros para su adecuación. Aquí, se señala que es una ‘cuantía insuficiente que en ocasiones exige modificar arquitectura, barandillas… e incluso a veces es necesario otra vivienda’, afirma Elena Agüero.
El vehículo es otro de los grandes temas. Si el padre tiene que comprar un automóvil más grande para trasladar al hijo que va en silla de ruedas tampoco está incluido. ‘Sólo se cubre el coche del propio accidentado’. Por estos motivos, la Fiscalía de Seguridad Vial solicita la ‘supresión de límites económicos, que cada caso se acredite y se estudie’. Aquí, se destaca la petición de generalización de rentas vitalicias, especialmente para los menores y grandes discapacitados, ‘para que tengan una cobertura mína durante su vida’.
Por últo, se ha incidido en la tancia de crear unas oficinas para las víctas de la carretera, silar a las que ya existen para las víctas de violencia de género y terrorismo. De hecho, se ha anunciado que, junto con la DGT, hay en marcha un protocolo de asistencia íntegra para las víctas para que se les pueda orientar en sus derechos.
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