- CRÓNICAS DEL HIMALAYA La sorpresa del día ha saltado rallando el final de la jornada. El abogado de Sandokán, Antonio Urdiales, dentro de la línea argumental de su defensa, ha manifestado que tras las iniciales JAG incluidas en las agendas y papeles de los pagos de Roca…
GORKA ZAMARREÑO. …se esconde el nombre del “comisario general de la policía judicial, Juan Antonio González” que supuestamente habría recibido 200.000 euros como pago información relacionada con la Malaya. Urdiales considera que el perfil descrito en las pesquisas que fueron archivadas coinciden con las del comisario. La defensa ha recordado que en la contabilidad de la empresa Maras Asesores, utilizada para vehicular todas las finanzas de Roca, apareció documentación relacionada con diversos pagos vinculados, según el juez Miguel Ángel Torres, a altos cargos policiales. El letrado se ha mostrado irónico con las investigaciones policiales haciendo hincapié en “lo poco que tardaron los funcionarios de la Udyco en identificar con sus siglas a las personas que aquí se sientan”, como presuntos sobornadores de Roca, “y a la hora de identificar a un alto cargo policial que responde a las iniciales J.A.G. aún no sabemos quién es, pero en Intet se introducen las siglas y lo saben hasta los teros de las comisarías“.
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Preguntado los medios a la salida de los juzgados, el letrado ha incidido de nuevo en sus argumentos y ha sugerido la plicación del ministerio del Interior en la desaparición de 17 archivadores que estaban en poder de la secretaria de Juan Antonio Roca y en los que podría encontrarse información sensible. Además, señala lo curioso de una orden cursada Juan Antonio González a las comisarías en las que decretaba el secreto de las investigaciones relacionadas con la Malaya.
Un dato que avalaría esta tesis es el destino de los dos principales inspectores malagueños a los que el juez Torres asignó las pesquisas y que dieron con sus huesos en una comisaría de distrito de la barriada malagueña de El Palo. La aparición de nombres incómodos, entre ellos algunos vinculados a la Junta de Andalucía, provocaron el abandono de sus tareas, tras recibir supuestas presiones para que abandonaran las investigaciones.
El resto de la jornada ha sido una continua adhesión de abogados a las peticiones de elinación de escuchas y anulación del juicio vulneración de derechos básicos. Está claro que algo en la instrucción no se hizo excesivamente bien.
