- Estas últas semanas hemos conocido las demandas contra Paco González y Pepe Domingo Castaño. También hemos sabido que los locutores podrían responder con otra demanda despido procedente. Demasiados líos judiciales…
Lo cierto es que toda la judicialización del caso –a la que debemos incluir la acusación de la Cope competencia desleal tiene pocos visos de resolverse y solo dilatarán el proceso. Es muy difícil que la Justicia falle a favor de la Ser y cobre efectivamente los 7,2 millones a Paco González y los 1,5 millones a Castaño incumpliento de contrato. Los contratos de Paco y Pepe eran mercantiles lo que la mayoría de las cantidades que ingresaban eran variables y supeditadas a contratos publicitarios.
Esto significa que la Justicia no puede establecer cuánto dejó de percibir la ser la marcha de los dos profesionales ya que entre otras cosas los salarios de los ex presentadores de Carrusel, nunca quedaron claros. En cuanto a indemnización, la Ser achaca casi todos los ingresos del año este programa a la marcha de Paco y Pepe, algo muy difícil de comprobar en la práctica. Desconocemos si existía una cláusula indemnizatoria en sus contratos, lo que lógicamente volcaría las cosas a favor de la Cadena Ser.
En el caso de la demanda de Paco González despido procedente, tampoco es fácil comprobar que Paco efectivamente haya sido despedido. Si hacemos una reconstitución de los hechos, fue Paco el que se negó a realizar las tareas encomendadas Daniel Anido y en la práctica sólo fue suspendido de sus funciones, no despedido. Luego Paco se marchó voluntariamente, aunque el periodista alega que la cadena nunca más le dejó entrar a sus dependencias a recoger sus efectos personales. El caso de Pepe Domingo es más claro, que al parecer su salida fue voluntaria.
Finalmente tenemos la demanda de la Ser contra la COPE vulneración de la Competencia. Esta últa es la que tiene menos papeletas para llegar a buen puerto, ya que la Ser alega intentos de desmantelamiento de su equipo, algo que ellos mismos confirman no se produjo efectivamente. Es difícil comprobar legalmente cuál es la línea entre la libre circulación de profesionales entre emisoras y el atentado a la libre Competencia, un tema sobre el que existen escasos precedentes.
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