Las asociaciones Mutua Motera, Lucha Motera, Moteros en Acción, Moto Scooter Club Vespacito y Plataforma Motera para la Seguridad Vial se han unido bajo un mismo objetivo: ‘exigir a la Administración que cumpla la Ley’. Así, se ha formado una Mesa Nacional Ciudadana la Seguridad de los Motoristas que trabajará formalizando reuniones técnicas y llevando a cabo medidas en pro del colectivo, entre otros puntos. Como comienzo, se ha programado una manifestación nacional para el próxo 13 de noviembre en Madrid.
Bajo el lema ‘PARA que la Administración cumpla la Ley’, las diferentes asociaciones moteras se han unido para que la seguridad vial sea tratada como un problema de Estado, como una cuestión de Salud Pública y ‘para que se termine con las prácticas corruptas y se trabaje de verdad y para los ciudadanos’, indica el comunicado conjunto.
Según dichas asociaciones, la unión de los moteros se forja como plan estratégico de lucha la seguridad vial de forma continuada y definitiva, y no cesará hasta que se consiga crear ‘una estructura normativa lpia y una cultura de respecto de la ley para todos los integrantes de la sociedad, y muy especialmente, parte de los responsables de la Administración española’. Esta unión se forja con la creación el pasado día 2 en Madrid de la Mesa Nacional Ciudadana la Seguridad Vial de los Motoristas, mesa que trabajará formalizando reuniones técnicas, gestionando la toma de decisiones sobre aspectos de especial interés, la adopción de iniciativas, realización de informes y recomendaciones.
De hecho, advierten de que este Plan cuenta con una serie continuada de actos de protesta, ‘siempre dentro del más escrupuloso respecto a la ley’, indican. En este sentido, ya se ha programado una manifestación a nivel nacional para el próxo día 13 de noviembre en Madrid, pudiendo ser el punto de partido el Estadio Santiago Bernabéu (enlace al recorrido pendiente de aprobación).
Así, entre sus reivindicaciones se encuentran la instalación de sistemas de protección para motoristas en todos los guardarrailes y que se archiven los expedientes disciplinarios abiertos contra el agente de la Guardia Civil, Juan Carlos Toribio, haber denunciado el mal estado de las carreteras. De hecho, se pide la retirada de la orden interna que prohíbe que los agentes de Tráfico denuncien el mal estado de las carreteras y se reclama una modificación del baremo ‘corrupto’ de incentivos de los agentes de tráfico de la Guardia Civil; o la reforma del Código Penal para que se refleje, dentro de los delitos contra la Seguridad Vial, el tipo penal agravado cuando se cometa parte de los funcionarios públicos responsables de las carreteras.
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