- Hablar de televisiones autonómicas es hablar de problemas de financiación, subvenciones y un discutido servicio público. No obstante, las críticas del sector pocas veces apuntan a su conflictividad laboral manifiesta en todos los puntos de España. Os la mostramos.
Estas últas dos semanas múltiples voces se han alzado contra la financiación de las cadenas autonómicas, un problema sin aparente solución que también ha arrastrado una crónica conflictividad laboral. Las autonómicas gastaron en la partida de personal 474 millones de euros durante el año pasado, un 4,4% superior a 2008. Pero esto no se ha traducido en estabilidad. Y es que en las autonómicas conviven trabajadores fijos con elevados salarios, con personal contratado obra y servicio cuyos convenios se caracterizan la precariedad.
EiTB( PAÍS VASCO) En el caso de la pública vasca la Inspección de Trabajo ha obligado a regularizar a 160 trabajadores con contratos mercantiles que pasarán a ser indefinidos fijos. La EiTB tendrá que desembolsar cuatro millones a las Seguridad Social en concepto de atrasos para lo cual el Ejecutivo autonómico se ha comprometido a inyectarle al menos cuatro millones para normalizar la situación. Esta cadena cuenta ya con 1.070 empleados.
RTVV (COMUNIDAD VALENCIANA) Canal 9 que tiene una deuda acumulada de 1.099 millones de euros. Bajo constantes acusaciones de servilismo político, la cadena convirtió en fijos a 176 trabajadores temales del área de programas en julio. La cadena emplea 1.793 trabajadores entre eventuales y personal de plantilla.
CRTVG (GALICIA): La tele gallega ha protagonizado recientemente una serie de paros a fin de defender el servicio público del ente y reclamar la convocatoria de la oferta pública de empleo de 220 plazas acordada. El comité de empresa de la pública, que tiene una plantilla de alrededor de 1.000 trabajadores, defiende la necesidad de mantener los puestos de trabajo para sacar adelante la programación sin recurrir a la externalización. Según dicho comité la CRTVG se gastó en el año 2010 el 42,6% de la subvención de la Xunta (39,1 millones de euros) en producción externa.
RTPA (ASTURIAS) En la Televisión Pública Asturiana (TPA) se celebraron paros en marzo de este año la reducción de plantilla que se ha producido en los últos años pasando de un equipo de 150 personas a los actuales 80 trabajadores. Esta cadena es una de las más nóveles del panorama autonómico con menos de una década de vida.
RTVC (CATALUÑA) TV3 inició una movilización en febrero las diferencias en la negociación del Convenio Colectivo. Ahora es Catalunya Radio quien protagoniza los paros coincidiendo con las elecciones catalanas para protestar contra la dilatación en la negociación del convenio colectivo y la resolución de conflictos relacionados con la contratación. En septiembre, la dirección propuso al Comité una ‘vía rápida de negociación en un convenio corto’ para resolver los aspectos salariales, pero se dejó en el aire la resolución de la contratación de personal. Ahora el Comité reclama regularizar la situación de precariedad de los redactores temales y con contrato mercantil que realizan trabajos estructurales en la emisora.
EPRTVIB (BALEARES) En IB3 las protestas se producían en el seno de sus informativos, a cargo de la empresa de SBT. Los trabajadores de SBT pedían a la pública que les contratase ante su difícil situación de pagos y retrasos en las nóminas. Finalmente el director general de IB3, Pedro Terrasa, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Sinto Farrús para la rescisión del contrato con SBT, sin pagarle indemnización, y la subrogación de 242 trabajadores de esta productora la nueva empresa que obtenga la concesión de los informativos. Además, contratará directamente como personal propio de IB3 a entre 25 y 50 periodistas y técnicos para la realización de los informativos.
RTVC (CANARIAS): La pública canaria también tuvo conflictos con la empresa concesionaria de sus informativos: Videoret. Durante el mes de abril Videoret trató de aplicar a sus trabajadores el II Convenio Colectivo de la industria de la Producción Audiovisual, lo que suponía recorte de salarios y pluses. Tras varias jornadas de huelga en junio la empresa aceptó conservar al 90% las condiciones del anterior Convenio.
RTVA (ANDALUCÍA): En Andalucía los problemas llegaron con la aplicación del recorte del 5% a los funcionarios, que afectó sólo a los trabajadores de la RTVA y no a los de Canal Sur ni Radio Sur, ‘lo que viola el principio de igualdad además del de negociación colectiva’, dicen los sindicatos. El asunto irá ante el Tribunal Constitucional.
RTVM (COMUNIDAD DE MADRID): UGT denunció el mes pasado que la dirección de Onda Madrid iba a desmantelar el departamento de programas de la radio pública que quería pasar a seis de los trece redactores de esta área a informativos y detes de la televisión. Después de varias conversaciones, en la comisión de la Asamblea de Madrid, la directora General del Ente, Isabel Linares, confirmó que se habían pasado cuatro redactores de la radio pública a informativos que no les permitían hacer nuevas contrataciones.
No obstante, más allá de los conflictos laborales, desde las privadas critican el sobredensionamiento de las plantillas de las televisiones públicas autonómicas que suponen una carga económica para los ciudadanos. Según apuntaba Jorge del Corral, secretario general de UTECA, algunas de estas autonómicas cuentan con más personal que las televisiones privadas nacionales. El ejemplo más llamativo es el de TV3 con 2.700 trabajadores. Le sigue Canal Sur con 1.680 trabajadores. Algo debajo se encuentra Telemadrid con 1.100 trabajadores.
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