- El Grupo Popular y el Socialista en el Parlamento de Canarias han propuesto suspender el concurso para la concesión de licencias FM hasta el 31 de julio de 2011. Esta decisión no ha sido bien acogida las empresas, ya que no se celebra un concurso desde hace 20 años.
Canarias es la Comunidad con más emisoras ilegales con un total de 482 contabilizadas, según Alfonso Ruíz, secretario general de la Asociación Española de la Radiocomunicación (AERC). Se esperaba que con el concurso pendiente, que repartirá 156 licencias FM en Canarias, se ordenará el espacio, ya que las más de 300 emisoras que quedarán sin licencia se verán obligadas a cerrar.
El partido gobernante, Coalición Canaria, estableció el reparto de estas licencias para enero de 2011. Sin embargo se ha aprobado en el Parlamento, con los votos favorables de PP y PSOE, una propuesta que retrasa este reparto hasta julio de 2011, después de las elecciones autonómicas.
El tavoz del CCN, Benito Codina, considera que después de 20 años de espera ‘no puede posponerse una decisión que afecta a muchas pequeñas empresas que se encuentran en estos momentos en situación de alegalidad, con avales bancarios que están pagando y con una clara incertidumbre sobre su futuro, el capricho del PP y del PSOE que temen un posible trato de favor parte de Coalición Canaria a algunas de dichas empresas’.
Codina opina igualmente que ‘deben cumplirse los plazos previstos, que establecen la adjudicación en enero de 2011, ajustándose la misma a los criterios de programación, viabilidad económica y técnica, y fomento del empleo, para cubrir así 20 años de vacío y dotar de seguridad a las empresas ganadoras’.
Algunas de las empresas que optan a estas licencias también han elevado sus quejas. Archipiélago On Air, que integra a las emisoras Radio Aguere, Onda 7 y Fórmula Hit y el periódico digital La Tribuna de Canarias, muestra su disconformidad respecto de la propuesta aprobada en el Parlamento de Canarias. Según la empresa, la suspensión del concurso ‘perjudicaría a los cientos de licitadores que concurrieron al concurso constituyendo garantía de decenas de miles de euros y cuya suspensión abriría la puerta a la reclamación a la propia administración convocante de cuantiosas cantidades vía daños y perjuicios’.
Pese a la aprobación de la propuesta de PP y PSOE, la suspensión del concurso no afecta al procediento administrativo en marcha salvo que el propio Gobierno así lo acuerde, cosa que ha desmentido el viceconsejero de Comunicación, Martín Marrero.
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