Se ha llamado Ley de Racionalización del gasto de la prestación farmacéutica y el objetivo es ahorrar 110 millones de euros en las cuentas de la consejería de Sanidad y Servicio Gallego de Salud, Sergas.
La patronal de la Industria Farmacéutica, Farmaindustria, lleva meses advirtiendo el peligro que este tipo de ‘atajos’ para ahorrar costes supondrá a los verdaderos protagonistas, los pacientes. De hecho, ayer mismo, el director general de la patronal, Humberto Arnés, durante la copa de Navidad con la prensa en Madrid lamentó la previsión del futuro ‘no sólo no ahorrarán el dinero que dicen, será mucho menos, sino que los pacientes que vivan en Galicia no tendrán acceso a los mismos tratamientos y medicamentos disponibles para los ciudadanos de otras comunidades’. Además, según Arnés, esta ley apoyada el Partido Popular Gallego y el Bloque Nacionalista Gallego, ‘se traducirá en tantes pérdidas de empleo, no sólo en la industria, sino más en otros agentes como las oficinas de farmacia’.
En el Consejo Interterritorial celebrado a principios de mes en Santiago de Compostela, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad rechazó en público esta proposición de Ley ya que es un intento llamativo de invadir las competencias Ministeriales y rompe la equidad, calidad y cohesión entre los ciudadanos de España sin diferenciar Comunidades Autónomas. Aunque no lo afirmó letra letra, Leire Pajín dejó entrever que el Ministerio recurrirá la norma ante los tribunales pero esperarán a que la Ley sea publicado en el Diario Oficial de Galicia.
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